El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá y votará por primera vez a finales de mes una resolución sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela.
El Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del Gobierno venezolano, presentó hoy oficialmente a la secretaría del Consejo un borrador de resolución que ha estado “circulando” en los últimos días entre los estados miembros de este organismo.
Concretamente, han secundado el texto Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú.
La resolución se votará en uno de los dos últimos días de la trigésimo novena sesión del Consejo, que comenzó el lunes y termina el 28 de este mes.
Será la primera vez que se debata y se vote una resolución sobre lo que ocurre en el país sudamericano, dado que en anteriores sesiones, los patrocinadores de la iniciativa se dieron cuenta que no obtendrían los votos necesarios para aprobarla y prescindieron de ni tan siquiera presentarla.
Para aprobar una resolución se necesita mayoría simple de los 47 miembros que componen el Consejo.
La resolución pide a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elabore un nuevo informe sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela, y que éste sea presentado ante el Consejo en la sesión de junio del 2019.
La Oficina ya elaboró en los últimos dos años sendos informes sobre las atrocidades cometidas en Venezuela pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo.
La resolución especifica que en la sesión de junio siga a la presentación una diálogo interactivo sobre el contenido del informe y que la Oficina presente sendos informes orales en la sesiones de marzo y septiembre de 2019.
La resolución “reafirma que todos los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos y cumplir sus obligaciones bajo los tratados y acuerdos de los que es parte”.
Concretamente, la resolución subraya que miles de venezolanos “han sido forzados a abandonar el país a causa de la crisis humanitaria, política, económica y social que seriamente afecta sus derechos humanos”.
Además, pide al Gobierno que “abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente erradicadas en Sudamérica”.
Asimismo, pide al Gobierno que colabore con la Oficina y el resto de mecanismos del Consejo.
Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, que hoy se dirigió al Consejo, afirmó que su país pretendía volver a colaborar con la Oficina tras la asunción a principios de mes de la nueva alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
