“El CNE se organiza (partiendo de) la excusa de que no haya elecciones pronto”, afirmó Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el organismo electoral. “No se trata de razones técnicas, sino de argumentos políticos”. Así salió al paso a Tania D’Amelio, quien declaró a Unión Radio que “está interrumpido el proceso de convocatoria a elecciones regionales hasta tanto el proceso de renovación de los partidos políticos no concluya”.
De acuerdo con la rectora, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de octubre de 2016 que obliga a legalizar los partidos dejó sin efecto lo anunciado el 18 de octubre por la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Precisó que la renovación terminará el 21 de junio.
Bello dudó incluso de que los comicios para elegir gobernadores y alcaldes puedan hacerse este año. “Todo depende de la voluntad. Lo más fácil es que los difieran”. Indicó que se pueden presentar problemas con el proceso de legalización de las organizaciones. “Si el CNE no ofrece capacidad para realizar esta actividad de manera satisfactoria va a haber partidos que van a reclamar, quizás introducir algún recurso ante el Tribunal Supremo, lo que retardará aún más los procesos”.
Recalcó que el gobierno no quiere elecciones. “La renovación, por ejemplo, no impide la actualización del Registro Electoral ni la definición de las circunscripciones electorales, pero nada de eso se está haciendo”.
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Anunció que la MUD consignará ante el organismo electoral un documento con recomendaciones técnicas y políticas. “Solicitamos que para la renovación de los partidos se den cuatro meses, como se planteó el año pasado, tres para recoger las manifestaciones de voluntad y uno para reparos; que se analice el calendario y se modifique, ya que hay actividades en los fines de semana de carnaval y Semana Santa; y que se reconsidere la cantidad de máquinas y puntos, que aún no están definidos”. Especificó que había contactos con los facilitadores del diálogo a los que se les elevó el reclamo de que deben privilegiarse las elecciones. “Se debe acelerar el cronograma electoral”.
A juicio de Aníbal Sánchez, consultor electoral, la MUD debería exigir al CNE un cronograma integrado, dado que hay varios procesos que se adelantan y que pueden ser llevados de forma paralela. “No se debería esperar a julio para convocar las elecciones. Hay 23 pasos que se pueden llevar a cabo sin necesidad de esperar que termine la renovación”.
Explicó que a partir de la convocatoria se suceden 163 días, por lo que aún en el caso de que el anuncio sea al finalizar la legalización de las organizaciones políticas, las elecciones regionales pudieran efectuarse este mismo año, la primera quincena de diciembre.
Alertó que el proceso de renovación presenta puntos oscuros y muchas dificultades para recoger las manifestaciones de voluntad. “El fin de semana del 11 y 12 de marzo será la recolección de Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Acción Democrática y Primero Justicia. Si todos estos partidos movilizan a buena parte de la militancia, las pocas máquinas que va a incorporar el CNE van a colapsar”.
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Retomar la senda electoral. El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Comunidanas, Control Ciudadano, Grupo La Colina, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer y Súmate manifestaron a través de un comunicado su rechazo a las decisiones y omisiones constitucionales del CNE, las que “contrarían elementales derechos políticos de los venezolanos”. Emplazaron al organismo electoral a “retomar la senda constitucional, publicar el cronograma de elecciones de gobernadores y alcaldes y resolver la situación de los diputados de Amazonas y región indígena sur”.
Exigieron que se mejoren las condiciones en que los partidos deben renovarse, “en especial la cantidad de máquinas, tiempos y distribución de los puntos de recolección”.
Subrayaron que el CNE ha mostrado desinterés en preservar y fomentar el derecho a la participación política de los ciudadanos, que se ha parcializado en sus decisiones y niega el mínimo respeto hacia la población que desea ejercer su derecho de elegir. Exhortaron al organismo a que “no actúe en favor de grupos o intereses particulares”.
Con información de El Nacional
