Los policías militarizados del suroriental estado brasileño de Espírito Santo ignoraron un acuerdo firmado la noche del viernes con el Gobierno regional, que facilitaba el fin de una huelga que completó una semana, y permanecieron acuartelados.
El acuerdo tenía previsto que los policías, que reclaman reivindicaciones salariales, volviesen a las calles este sábado a partir de las 7.00 hora local (9.00 GMT), pero los agentes no cumplieron con lo dispuesto entre representantes de las asociaciones de la Policía Militarizada y el Gobierno de Espírito Santo.
Gobierno brasileño y policías acuerdan finalizar huelga
La crisis de seguridad pública, por falta de efectivos en las calles, ha desatado una ola de violencia con al menos 121 muertos, principalmente en Vitoria, la capital regional, en la que muchos locales comerciales, agencias bancarias y oficinas públicas permanecen cerradas.
El servicio de autobuses, que fue varias veces suspendido por temores a robos de los vehículos, fue retomado gradualmente este sábado en Vitoria, donde unos 2.000 efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad -un grupo policial especializado- patrullan las calles ante la falta de policías.
El secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, anunció la noche del viernes el acuerdo en una rueda de prensa y aseguró que los agentes que secundaron el paro "no sufrirán sanciones disciplinarias", pero que será la Justicia la que determine si da continuidad a los cargos presentados contra ellos.
La declaración del Gobierno regional secundó las palabras del presidente de Brasil, Michel Temer, que se pronunció el viernes por primera vez sobre la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.
El mandatario expresó en una nota oficial su "condena" a la "paralización ilegal" de la Policía Militarizada y afirmó que el Gobierno federal actuará con todo el "rigor" para contenerlas, pues se trata de "comportamientos inaceptables".
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Durante los últimos seis días, los familiares de los policías militarizados han acampado en la puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga y en caso de hacerlo se enfrentan a una pena de dos años de prisión.
La protesta de Espírito Santo se extendió el viernes al vecino Río de Janeiro, en plenos preparativos de los carnavales, donde varios batallones de la Policía Militariza tuvieron protestas en sus puertas de familiares de los agentes y unos pocos efectivos permanecieron acuartelados.
En Belem, capital del norteño y amazónico estado de Pará, también se presentaron manifestaciones similares por parte de los familiares de los policías militarizados, pero como sucedió en Río de Janeiro la gran parte del contingente continúa con sus funciones habituales en las calles.
EFE
