El juez de lo Civil de Pichincha Edwin Cevallos Ampudia aceptó a trámite la demanda de presunción de insolvencia que presentó el presidente, Rafael Correa, en contra del activista opositor Fernando Villavicencio, quien forma parte del colectivo Compromiso Ecuador, que impulsa la candidatura presidencial de Guillermo Lasso.
Esto, para obligarle a que pague lo que le corresponde de los 145.000 dólares que deben cancelar él, el exasambleísta Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa, a manera de indemnización, para reparar el supuesto daño moral ocasionado a través de una injuria.
Esta compensación es parte de la condena de 18 meses de prisión que recibieron. El Juez Civil dice que la demanda presentada por Correa, a través de su abogado Caupolicán Ochoa, reúne los requisitos legales y, en consecuencia, “se la acepta al trámite correspondiente”.
El operador de justicia también dice en su providencia que se presume el estado de insolvencia del demandado. Para proseguir con la causa, se ordenó la práctica de varias diligencias, entre estas la citación del demandado, quien en el término de tres días podrá oponerse a su presunto estado de insolvencia pagando la deuda o dimitiendo bienes suficientes.
El Juez advirtió que, en caso de que el demandado no dé cumplimiento a lo dispuesto en este numeral, se dará la ocupación y el depósito de todos los bienes, libros, correspondencia y documentos de su propiedad. En el término de ocho días después de su citación, también deberá presentar el balance de sus bienes con expresión del activo y del pasivo, entre otras diligencias.
Como medidas cautelares, también ordenó que no se ausente del territorio nacional sin permiso del Juez y quedó en interdicción (prohibición) de administrar sus bienes. Sin embargo, estas solo entrarán en vigencia cuando se declare oficialmente la insolvencia de Villavicencio.
Reacciones
Según Julio César Sarango, abogado de Villavicencio, se está violando el debido proceso porque el Juez de lo Civil no es competente en este caso.
Alegó también que el Juez Civil se abrogó funciones al haber dispuesto una serie de medidas cautelares para que se declare la interdicción para el demandado y se oficie al Consejo Nacional Electoral, al Registro de la Propiedad y otros actos “que son una clara violación a los Derechos Humanos”.
No obstante, ratificó que todas estas medidas cautelares podrían ejecutoriarse solo cuando se haya declarado la insolvencia del demandado.
En diálogo telefónico, Villavicencio respondió: “Inician el proceso con medidas cautelares que incluyen la prohibición de la salida del país, la disposición al Consejo Nacional Electoral de que me quiten los derechos políticos, la disposición a la Fiscalía para que se me siga un juicio por fraude si llegase a vender un bien, la acumulación de todas las deudas, el embargo de los bienes y me dan tres días de plazo, si no, ya nombran depositario judicial para que entren a mi casa y saquen todos los bienes que quieran”.
“No puedo hacer nada”, agregó. “Tengo que presentar en los tres días el pago. Lo que he hecho hoy es remitir esta providencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, exigiendo que se me amplíen mis medidas cautelares que me dieron por este caso”.
Además, consideró que esto esconde un objetivo del Régimen de evitar su participación en las elecciones de febrero.
Con información de La Hora
