En un nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes.
El Político
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco indicó que sólo bloquearía la medida “Esperar en México” en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción.
El gobierno federal dice que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto. La Corte Suprema ha fallado consistentemente a favor del gobierno en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
La corte del 9no Circuito había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. “Esperar en México” es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo.
El miércoles, los jueces señalaron que la medida “Esperar en México” ya no estará en vigor en la frontera de México con California y Arizona a partir del 12 de marzo, a menos que la Corte Suprema intervenga antes. El panel de tres jueces declinó extender su orden a las cortes del circuito federal en los otros dos estados que colindan con México: Nuevo México y Texas.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton, dijeron que estaban al tanto de que las órdenes nacionales aplicables a lugares fuera de la jurisdicción de un tribunal “son asunto de una controversia intensa y activa”.
Reafirmaron su postura de que la medida, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, es ilegal según las leyes de Estados Unidos que prohíben enviar a personas a países donde sus vidas o su libertad estén en riesgo debido a su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a algún grupo social en particular.
No hay duda sobre el “peligro extremo a los solicitantes de asilo que son devueltos a México”, escribieron.
El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente George H.W. Bush, no estuvo de acuerdo con ninguna parte del bloqueo de la medida.
Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), organismo que demandó para poner fin a la práctica, hizo énfasis en la opinión mayoritaria de la ilegalidad de la medida.
“Si el gobierno tiene el más mínimo respeto por la ley o algún sentido de decencia, pondría fin a este programa de inmediato”, declaró. “Seguiremos trabajando para poner fin permanente a esta política ilegal e inhumana”.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. En un documento presentado el martes ante la corte, la dependencia advirtió de una “enorme perturbación a las operaciones migratorias del gobierno y una confusión repentina para los miles de migrantes sobre su capacidad para ingresar a Estados Unidos”.
Unos 60.000 solicitantes de asilo han sido enviados a México a esperar a que sus casos avancen por las congestionadas cortes migratorias de Estados Unidos desde que se implementó el programa en enero de 2019 en San Diego y posteriormente se expandió a otros puntos de la frontera.
Human Rights First, un grupo activista que se opone a la medida, dijo que encontró más de 1.000 reportes públicos de secuestros, torturas, violaciones y agresiones a los solicitantes de asilo devueltos a México.
Fuente: AP
