El Pleno de la Corte Suprema analizó por segunda vez la situación de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javiera González, quien fue investigada por maltrato laboral y se le aplicó una amonestación privada.
La decisión es inédita, ya que nunca el máximo tribunal del país había sancionado a uno de sus pares, y es la primera vez que se aplica una medida disciplinaria por esta conducta, la cual fue confirmada por la mayoría de los magistrados, según informó El Mercuio.
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Su caso ya se había revisado el año pasado, cuando el tribunal tomó cartas en el asunto tras denuncias de funcionarios por el mal clima laboral generado en la Séptima Sala, tras lo cual se instruyó al entonces presidente del tribunal de alzada capitalino, Carlos Gajardo, realizar una investigación sumaria, "por el posible trato descomedido brindado por la ministra a personas que cumplen o han cumplido labores en este tribunal".
En ese entonces se debatió acerca de que la ministra González dejara la Corte de Apelaciones de Santiago y fuera trasladada como fiscal judicial, sin embargo no se adoptó ninguna decisión al respecto.
Los cargos en su contra
La decisión de sancionar en la Corte de Apelaciones de Santiago fue dividida, con 13 a favor y 7 en contra. Ello, ya que 10 magistrados estaban por confirmar la censura por escrito que le aplicó el ministro Gajardo en su momento. Al no existir una mayoría absoluta (11 votos), se tuvo que aplicar la sanción que seguía, una amonestación privada.
Un total de 36 testigos declararon en la indagatoria, entre ellos, dos ministras titulares, tres ministros suplentes, cinco abogados integrantes, 22 relatores -que son quienes explican a los ministros las causas que se ven- y una digitadora.
La Corte concluyó que durante los meses de mayo a octubre de 2015, la magistrada, en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Séptima Sala, "de manera reiterada denostó verbal y gravemente a la ministra suplente Elsa Barrientos, al ministro suplente Juan Manuel Escobar, a la relatora titular Carmen Gloria Troncoso, al relator suplente Alberto Álamos, a la relatora interina Tamara Muñoz, al relator suplente Álvaro Arriagada, a la digitadora de la Sala, Marisol Bahamonde, y al oficial cuarto titular, Carlos Bello".
Otro hecho fue que la magistrada corrigió públicamente y cuestionó una sentencia del ex abogado integrante Ángel Cruchaga. Tras lo cual se concluyó que tal conducta de "acoso moral" se dio en un plano de la persona que ocupaba un cargo superior al de las víctimas, "afectando, tal grave trato hostil, la dignidad e integridad psíquica de los funcionarios, manifestada en miedos y, en algunos casos, en ataques de llanto, al tener que enfrentar diariamente los abusos".
Sus descargos
En su descargos, la magistrada dijo que por haber sido relatora por muchos años "jamás podría tener un trato descalificatorio hacia el trabajo que ellos realizan". Aunque reconoció ser "muy exigente, casi al nivel de la perfección con el trabajo que cada uno debe realizar".
Además, negó que haya menospreciado a los ministros suplentes y abogados integrantes. "Niego enfáticamente que les haya dado un trato poco digno, porque si bien he tenido que hacer correcciones a los proyectos de fallo que presentan, siempre las hago públicamente, en presencia de quienes se encuentran en sala y dándoles el trato normal que se le debe a cualquier persona", finalizó.
Con información de Emol
