La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno de Donald Trump a poner fin al programa de parole humanitario, una decisión que podría afectar a más de 530,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Estas personas, que hasta ahora vivían y trabajaban legalmente en el país bajo este mecanismo, quedan ahora en riesgo de deportación.
El parole humanitario fue creado durante el mandato de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023. Permitía que ciudadanos de estos cuatro países pudieran ingresar y permanecer legalmente en Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre que contaran con un patrocinador y pasaran controles de seguridad. El objetivo era ofrecer una vía segura y ordenada para quienes huían de crisis humanitarias, además de reducir los cruces irregulares en la frontera sur.
La decisión de la Corte Suprema responde a una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, que desde su regreso al poder en enero de 2025 ordenó el fin de todos los programas de parole categóricos. El tribunal anuló el bloqueo temporal que había impuesto una jueza federal, permitiendo así que el gobierno revoque de inmediato el estatus legal de quienes se beneficiaban de este programa.
Las consecuencias son inmediatas: quienes no hayan solicitado otro tipo de protección migratoria pueden ser deportados de forma acelerada. Además, las solicitudes pendientes para permisos de viaje bajo el parole han sido canceladas y los permisos existentes expiraron a finales de abril. Organizaciones de defensa de los migrantes y patrocinadores estadounidenses han expresado su preocupación por el sufrimiento que esta medida podría causar, ya que muchas familias quedarían separadas y muchos migrantes se verían obligados a regresar a países donde enfrentan situaciones de violencia o persecución.
El parole humanitario se basa en una disposición de la ley de inmigración que permite al gobierno conceder permisos temporales por razones humanitarias o de interés público, pero la administración Trump sostiene que esta autoridad es discrecional y que no puede ser revisada por los tribunales de manera masiva. Por su parte, los migrantes argumentan que la cancelación colectiva del programa viola la ley federal, que exige revisiones caso por caso.
Aunque la decisión de la Corte Suprema habilita al gobierno a terminar el programa de inmediato, el litigio sobre la legalidad de esta medida continúa en los tribunales. Mientras tanto, miles de personas viven con la incertidumbre de no saber si podrán quedarse en el país que han llamado hogar en los últimos años. La noticia ha generado preocupación y temor en las comunidades migrantes, así como un intenso debate sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.
