La Corte Suprema de Florida dictaminó este jueves que los exconvictos de delitos graves tendrán que pagar sus gastos judiciales y multas, antes de que puedan votar.
El Político
En noviembre del 2018 los votantes de Florida habían aprobado la Enmienda número 4, la cual restituye el derecho al voto a quienes que hayan cumplido sus sentencias, y no hayan sido condenados por homicidio o delitos sexuales.
Pero en el 2019 el gobernador Ron DeSantis firmó la ley 7066 del Senado estatal, requiriendo que algunos de esos exconvictos paguen sus obligaciones financieras antes de que se les reestablezca el derecho.
Debido a esto la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos, presentaron una demanda federal a funcionarios electorales del distrito norte de Florida, de parte de 10 personas que perdieron su derecho a votar, después de que el gobernador firmara la ley.
DeSantis pidió entonces una opinión a la Corte Suprema, quienes fallaron el jueves a favor de la ley. La Corte aduce que ‘todos los términos de la sentencia’ abarca no solo el tiempo de la sentencia, sino también todas las obligaciones financieras legales en las que incurre un convicto.
Sin embargo, el dictamen de la Corte no impacta legalmente la demanda federal.
Pero las reacciones no se hicieron esperar.
“Me satisface que la Corte Suprema de Florida confirma que la Enmienda 4 requiere que sean pagadas las multas, gastos judiciales y restitución a las víctimas antes de que el derecho al voto sea restaurado”, escribió DeSantis en su cuenta de Twitter.
Fuente: Infobae
