La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que ya no se interpondrá en el camino de una política del gobierno de Biden bloqueada desde hace tiempo para dar prioridad a la deportación de los inmigrantes.
El Político
Serán expulsados quienes representen mayor riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera, reportó TheHill.
¿Por qué es importante?
En una decisión por 8 votos a 1, los jueces de la Corte Suprema rechazaron la impugnación de dos fiscales generales republicanos a una política que, según el gobierno federal, reconoce que no hay suficiente dinero ni personal para deportar a los cerca de 11 millones de personas que se encuentran sin documentos en EEUU.
Los dos estados, Louisiana y Texas, habían argumentado que la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a quienes suponen un riesgo escaso o nulo.
Rechazo en la Corte Suprema
El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, calificó la demanda presentada por Texas y Louisiana de "extraordinariamente inusual."
"Quieren que un tribunal federal ordene al poder ejecutivo que modifique sus políticas de detención para realizar más arrestos", escribió Kavanaugh. "Los tribunales federales no han acogido tradicionalmente ese tipo de demandas; de hecho, los estados no citan ningún precedente de una demanda como esta".
En el centro del caso está una directiva de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional que pausó las deportaciones a menos que los individuos hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o "amenazas atroces a la seguridad pública".
La orientación, emitida después de que Joe Biden se convirtiera en presidente, actualizó una política de la era Trump para expulsar a las personas que se encontraban sin documentos en el país, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad.
Panorama general
Además, la Corte Suprema facilitó al Gobierno la deportación de inmigrantes que tenían permiso para residir legalmente en Estados Unidos pero fueron condenados por determinados delitos, reportó TheHill.
Tras determinar (por seis votos a favor y tres en contra) que las penas tanto por complicidad después de los hechos como por intentar disuadir a las víctimas de denunciar conductas sexuales inapropiadas son lo suficientemente graves como para que esas personas puedan ser expulsadas, ya que las consideró obstrucción de la justicia.
“Las personas pueden obstruir el proceso de la justicia incluso cuando no hay pendiente una investigación o un procedimiento. De hecho, la obstrucción de la justicia es a menudo ‘más eficaz’ cuando impide ‘que una investigación o procedimiento comience en primer lugar”, escribió el juez conservador Brett Kavanaugh.
Decisión de la Corte Suprema
La decisión de la Corte Suprema lleva a unificar criterios en todos los estados a la hora de determinar qué casos se consideran obstrucción a la justicia y, por tanto, implicarían la deportación.
Sobre el alcance de esta decisión, la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, aseguró: “esto afecta a toda persona que no sea ciudadana estadounidense. Es agregarle a la lista de delitos que lo pueden hacer deportable uno más, y ser uniforme en toda la nación. Había decisiones en un estado y otras decisiones en otro estado que hacían o no hacían a una persona que obstruía la justicia deportable. Ahora la Corte Suprema dijo: toda persona que obstruya la justicia podría ser deportable”, aseguró.
“Esto amplifica la definición de obstrucción de justicia y el INA [Ley de Inmigración y Nacionalidad], que es el acta nacional de inmigración”, agregó. “Es una mala noticia para la comunidad inmigrante y obviamente no deben involucrarse en obstrucción de justicia porque podrían perderlo todo”.
De acuerdo con la abogada, esta decisión de la Corte implicará que habrá más deportaciones en casos de personas acusadas de obstrucción de la justicia.
Conclusión
La obstrucción de la justicia es considerado un delito grave de acuerdo con la ley federal de inmigración, y puede resultar en la deportación de un migrante, incluidos los residentes permanentes.
Los casos analizados involucraban de hecho a dos residentes con green card a quienes se ordenó su deportación tras ser declarados culpables de manipulación de testigos y ser cómplices tras el hecho.