La profunda crisis económica que atraviesa Venezuela ha impedido que se instaure un clima electoral en el país, que celebrará comicios presidenciales el 20 de mayo mientras casi dos tercios de su población vive en la miseria. EFE
Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a poco más de 20 millones de venezolanos a las urnas, estos siguen concentrados en resolver los problemas diarios, propios de una nación que registra hiperinflación, escasez de alimentos, dinero físico y medicinas; y el deterioro de los servicios públicos.
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El jefe del Estado, Nicolás Maduro, fue el primero en anotarse en la carrera por la reelección pero hasta el momento no ha salido de Caracas, lo que ha limitado sus actividades de precampaña, enfocadas hasta ahora en pequeños mítines en la capital venezolana para prometer el fin de la crisis que comenzó bajo su mandato.
La convocatoria de votaciones fue hecha en primera instancia por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano señalado de fraudulento y no reconocido por buena parte de la comunidad internacional, por lo que la contienda de mayo ha arrastrado el mismo rechazo.
La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el antichavista Frente Amplio Venezuela Libre repudian la "farsa electoral" de mayo y han llamado a los cuatro contendientes de Maduro a retirar sus candidaturas pues, consideran, solo servirán para convalidar "la dictadura".
Sin embargo, el exgobernador Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci, el ingeniero Reinaldo Quijada y el empresario Luis Alejandro Ratti mantienen sus nombres como opción para sacar del poder a Maduro y poner fin a la llamada revolución bolivariana que se instauró en 1999.
Falcón y Bertucci, los dos principales rivales del candidato oficialista, llevan días recorriendo el país y han logrado reunir a miles de personas en sus actos de precampaña, pero la concurrencia sigue estando muy por debajo de los estándares históricos del país petrolero.
El exgobernador, un político que desertó del chavismo hace años y desobedeció este año a la MUD al inscribir su candidatura, ha sufrido ataques físicos sin gravedad durante un par de concentraciones.
Bertucci, en cambio, ha visitado 10 de las 24 entidades federales sin contratiempos, lo que le ha permitido entregar más de 50.000 platos de sopa a quienes participan en sus actos, que siempre tienen un aire religioso.
Ambos se auguran la victoria sin dejar reprochar a Maduro, al que llaman "el candidato del hambre", la crisis de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, del que se han ido cerca de 4 millones de sus ciudadanos en el último quinquenio, según estudios.
También ambos se han aferrado a las presidenciales como la única vía para lograr un cambio político pacífico y, en este sentido, piden a la MUD, a la comunidad internacional y a los venezolanos comunes deponer el abstencionismo que, según varias encuestas, será el gran vencedor en las urnas.
Mientras los candidatos buscan despertar al país del letargo electoral, los ciudadanos hacen a diario colas a las afueras de supermercados, bancos y farmacias para satisfacer necesidades primarias.
Entretanto, el Gobierno de Maduro atiende por estos días su más reciente crisis bilateral, luego de que Caracas suspendiera vínculos comerciales con entidades y personalidades de Panamá, y que ambas naciones resolvieran poner fin a las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento del Mercosur, el venezolano Williams Dávila, consideró hoy que la medida de Caracas "pone en evidencia que (Maduro) no quiere luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y lo que busca es bloquear el país".
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El Gobierno del panameño Juan Carlos Varela interpretó que se trata de "una reacción política que carece de sustento", adoptada por Caracas "en represalia a las acciones anunciadas por Panamá".
La semana pasada Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, porque suponen un "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
