El Salvador vivió en 2016 una crisis financiera que comprometió el pago de su deuda a corto plazo, las pensiones y hasta la aplicación de medidas "extraordinarias" contra la violencia, que se disparó a índices inéditos en los primeros meses del año.
Según el Gobierno, dicha crisis se cimentó en la falta de un ingreso para pagar las pensiones de los jubilados, la disminución de la recaudación fiscal en unos 300 millones de dólares y el retraso en la aprobación en el Congreso de la emisión de 1.200 millones de dólares en bonos.
Esta millonaria financiación serviría para saldar la deuda con los jubilados en los últimos meses de 2016, cancelar a proveedores y convertir más de 900 millones de dólares de Letras del Tesoro (Letes) a eurobonos, con un plazo de pago mayor.
El Ministerio de Hacienda solicitó la emisión de estos bonos a mediados de febrero, pero no fue hasta noviembre cuando el Congreso aprobó solo 550 millones de los 1.200 solicitados.
La obligación con los pensionados de los últimos tres meses del 2016 fue resuelta modificando el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) el 29 de septiembre en el Congreso, con la que el Gobierno podía tomar parte de los fondos de retiro de los trabajadores para pagar.
Pero tras saldar esta deuda, el Supremo dejó sin efecto la reforma temporalmente, mientras procesa una demanda de inconstitucionalidad.
El Gobierno cree que hay "bloqueo", como lo prueba el hecho de que se anulara la emisión de 900 millones de dólares en bonos, que eran parte de los 1.200.
El partido opositor Arena finalmente votó para aprobar un "primer tramo" de recursos a condición de crear una Ley de Responsabilidad Fiscal y solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo que garantice préstamos para cubrir el déficit, a condición de un ajuste fiscal del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 3 años.
Por la "urgencia" de "disponer de liquidez" y que el Gobierno no recibirá el dinero de los bonos hasta mediados de enero, el Congreso autorizó al Ministerio de Hacienda a adquirir un "préstamo puente" por 550 millones.
La falta de liquidez estatal afectó incluso a la aplicación de las políticas de seguridad que el Ejecutivo de SalvadorSánchez calificó como una "guerra" con las pandillas.
La ofensiva antipandillas del Gobierno incluyó la adecuación y construcción de cárceles, el recrudecimiento del régimen en prisiones, el rearme y equipamiento de los cuerpos de Seguridad, y la creación de un comando elite de 1.000 efectivos.
Empero, el Gobierno no tenía recursos para financiar estas medidas y lo recaudado mediante un impuesto a las telecomunicaciones y a las ganancias mayores a 500.000 dólares creados en 2015 para los planes de Seguridad era insuficiente.
El 26 de mayo pasado, con los votos de todos los partidos, el Congreso autorizó la emisión de 152 millones de dólares en bonos para atacar la violencia, que alcanzó índices en los primeros meses no vistos en los últimos 10 años.
La cifra de asesinatos registrada entre enero y febrero superó en un 117,6 % a la computada en el mismo lapso del año 2015, considerado el más violento de la historia reciente.
De acuerdo a datos de las autoridades, hasta el pasado día 7 de diciembre se contabilizaron 5.034 asesinatos en El Salvador, de los que 557 fueron de pandilleros.
En comparación con el mismo lapso de 2015, los homicidios bajaron un 19 %, ya que se registraron en ese tiempo 6.219, una baja que las autoridades atribuyeron al endurecimiento de las políticas de seguridad iniciado en abril pasado.
Según el Ejecutivo, sus estrategias de choque permitieron bajar los asesinatos en un 18,4 % entre enero y octubre, comparado con el año anterior, pero la tasa de homicidios alcanzó los 70,97 por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta en lo que va del siglo XXI en El Salvador.
Con información de: EFE
