La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, opinó que las críticas que dirigieron diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos al presidente argentino, Mauricio Macri, durante una visita oficial del mandatario a España, no son propias de la "institucionalidad".
En una entrevista para el diario El Tribuno de Salta, Michetti se refirió al discurso del diputado Íñigo Errejón, que criticó las políticas de ajuste económico aplicadas por Macri, y a la ausencia del grupo parlamentario en una cena de gala durante la visita del mandatario en la que sí participaron otras fuerzas políticas,
"Se sale de lo esperable, justamente. Son cosas que son absolutamente lógicas en un contexto democrático y en un contexto de libertad de expresión. Si bien no las esperás, porque se supone que en una recepción en el Parlamento no sucede eso, tampoco es que te sorprende", dijo la vicepresidenta.
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Además, diputados del mismo bloque entregaron una carta al presidente en la que le pidieron la liberación de la activista y diputada kirchnerista del Parlasur Milagro Sala, que permanece en prisión preventiva desde enero de 2016, a la que calificaron de "presa política".
A ese respecto, Michetti aseveró que ese "tema" corresponde a la Justicia de una provincia y recordó que en Argentina existe "división de poderes", por lo que, entendió, el Gobierno no puede opinar sobre el caso y debe limitarse únicamente a trabajar porque la Justicia sea "lo más independiente del mundo".
"Los jueces tienen que trabajar tranquilos para decidir si tienen que condenar o liberar a alguien de acuerdo a su propio saber y entender. En este caso nosotros no podemos opinar", ahondó.
La activista fue detenida en la provincia norteña de Jujuy el 16 de enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador de esa región, el oficialista Gerardo Morales, pero permaneció después en prisión preventiva debido a su presunta implicación en otras causas por corrupción y otros delitos.
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Sala encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.
Aunque fue elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, aún no pudo asumir y su detención es seriamente cuestionada por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades jujeñas argumentan que dichos organismos no conocen en todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está sólo en manos de la Justicia.
Hasta la fecha, los tribunales se han expedido en dos de las causas menores contra la activista, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.
Por la primera se le impuso una multa por 3.780 pesos (unos 240 dólares) y la prohibición de integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses, mientras que por la de 2009 recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso (no efectiva).
EFE
