La dictadura cubana podría condenar a 57 manifestantes con penas de hasta 30 años de prisión por sedición, un hecho que se vislumbra seis meses después de las sorpresivas protestas contra el régimen castrista.
El Político
Así lo informaron activistas y familiares de personas encarceladas.
La decisión de las autoridades de procesar a los participantes de las movilizaciones del 11 y 12 de julio -que dejaron un muerto y comercios y vehículos destruidos-, fue criticada por otros países y por opositores, reportó APNews.
23 juicios sumarios a 67 acusados de cargos menores
Aunque nunca se dio una cifra oficial de detenidos, en agosto funcionarios del Tribunal Supremo Popular indicaron que se habían realizado 23 juicios sumarios a 67 acusados de cargos menores -como desorden público- y aseguraron que seguirían las investigaciones.
Desde entonces a la fecha se formalizaron procesos ordinarios para las acusaciones más graves como sedición, explicó a The Associated Press Salomé García, una de las integrantes de Justicia 11J, una agrupación con miembros en Cuba y en el extranjero que hace un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.
Cierra 2021 con 955 prisioneros políticos en #Cuba
??842 siguen prisioneros
??700 de ellos del #11j y #15N
??132 procesados con el cargo de Sedición
??26 menores de edad https://t.co/YTKIlcEmVu#SOSCuba #EnCubaHayPresosPoliticos#CubaEsUnaDictadura pic.twitter.com/iD200bNV2q— Prisoners Defenders (@CubanDefenders) January 4, 2022
1.334 encarcelamientos
Desde julio la organización contabilizó 1.334 encarcelamientos, fueron sentenciadas 223 personas en juicios ordinarios y hay otros 231 ciudadanos con peticiones fiscales que esperan su día en la corte. Unos 98 fueron multados y nueve sobreseídos.
Entre los detenidos, dijo la agrupación, hay 48 menores de 18 años -la edad para la responsabilidad jurídica en la isla es de 16-, de los cuales varios fueron posteriormente liberados.
Balance de los juicios
Para esta semana los tres juicios colectivos fueron programados en igual cantidad de ciudades del país, constató AP en conversaciones con familiares de los presos:
Santa Clara con 16 acusados, La Habana con 20 y Holguín con 21. Aunque se desconoce la profesión de algunos de ellos, entre los manifestantes hay artistas, obreros, una empleada estatal, trabajadores independientes y estudiantes.
“Debe durar tres o cuatro días el juicio”, dijo a AP en una conversación telefónica Roxana García, sin vínculo con la integrante de Justica 11J y hermana de Andy Dunier García, de 24 años, para quien el Ministerio Público de la ciudad de Santa Clara pidió siete años de cárcel por desorden público, atentado y desacato.
“Han sido acusados por sedición 132 de los 842 prisioneros, uno de los delitos más graves de toda legislación, solo por manifestarse”, denunció Javier Larrondo, presidente de @CubanDefenders #Cuba #PresosPolíticos https://t.co/F2VZ1j3tZg
— Radio Televisión Martí (@martinoticias) January 4, 2022
La Fiscalía tiene como únicos testigos “a los mismos policías que golpearon a los manifestantes"
“Nos hacen creer que se va a hacer justicia”, lamentó la mujer e indicó que aunque el abogado “está haciendo un buen papel” y la Fiscalía tiene como únicos testigos “a los mismos policías que los golpearon”.
Agregó que el proceso siguió adelante y "estos juicios vienen desde arriba”.
En La Habana, Yaquelín Cruz también confirmó a AP el inicio de las sesiones del tribunal en la causa colectiva en la que se encuentra su hijo Dariel Cruz, de 20 años, sobre quien pesa un pedido de 15 años de condena por el delito de sedición.
Se trata del intento de derrocar a un gobierno legítimo. La mujer indicó que el joven fue apuñalado recientemente en la cárcel.
Varios familiares entrevistados en las tres ciudades dijeron que se les informó que sólo se permitirá la entrada a la sala de audiencias de un pariente por encausado.
Un pedido de comentarios a las autoridades cubanas por parte de AP no fue respondido en lo inmediato.
En Holguín hay personas con pedidos de 30 años de cárcel
Por su parte, el listado de la organización Justicia 11J mostró que en Holguín hay personas con pedidos de 30 años de cárcel.
Las movilizaciones de julio fueron las primeras en décadas por su magnitud en Cuba y en algunos casos hubo violencia contra tiendas o vehículos particulares.
Los reclamos de los manifestantes eran tan variados que iban desde cambios en el gobierno hasta el fin de los cortes de luz.
Los manifestantes demandaban una solución inmediata al desabastecimiento de alimentos y medicinas en medio de la peor crisis económica de la isla ocasionada por las sanciones de EEUU, la propia improductividad y la pandemia de COVID-19.
Las protestas fueron difundidas a través de las redes sociales
Las protestas no tuvieron un liderazgo claro y se difundieron a través de redes sociales.
Las autoridades reconocieron que algunos reclamos eran justos, pero denunciaron el uso de internet para impulsar las movilizaciones de parte de grupos opositores y de interés, sobre todo apoyados desde EEUU.
El gobierno de Joe Biden reaccionó imponiendo más sanciones a La Habana en dirección contraria a sus promesas de campaña de buscar una flexibilización.
Otras manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre no tuvieron el apoyo masivo que sus organizadores esperaban.
