El juicio a un disidente cubano que se convirtió en las últimas semanas en el foco de las críticas de Estados Unidos a la isla concluyó tras más de 13 horas de debate y el proceso quedó listo para la sentencia, informó la esposa del acusado.
El Político
El veredicto contra el opositor José Daniel Ferrer será dado a conocer el 12 de marzo, explicó el jueves a The Associated Press la esposa del inculpado, Nelva Ortega.
Durante la jornada judicial de la víspera la Fiscalía reiteró ante el tribunal de la oriental ciudad de Santiago de Cuba, a 800 kilómetros de la capital, el pedido de nueve años de prisión para Ferrer por lesiones y privación de la libertad.
“Había todas las medidas de seguridad posibles”, manifestó Ortega a AP, quien pudo entrar el miércoles a la sala de audiencias junto a dos hijos de Ferrer y familiares de otros tres inculpados en el expediente, Roilán Zarraga, José Pupo Chaveco y Fernando González, todos activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación alegando que se trataba de una detención política, pero para las autoridades isleñas se trata de delitos comunes realizados por un oportunista que Washington está usando para estigmatizar a Cuba en medio de una fuerte tensión binacional tras el endurecimiento de las sanciones hacia la isla por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Otros disidentes y organizaciones como Amnistía Internacional y grupos europeos reclamaron por su situación legal.
Según Ortega, el tribunal y sus alrededores estaban fuertemente custodiados por policías y agentes de inteligencia, quienes inicialmente les impidieron el paso y luego dejaron ingresar sólo a un reducido grupo a la audiencia pública.
En la vista oral -que comenzó a las 8.40 del miércoles y se prolongó hasta las 22.15- Ferrer hizo dos declaraciones ratificando su inocencia al inicio y al final de la jornada durante unos 18 minutos en total.
Aunque no hubo declaraciones del gobierno sobre el caso, Ortega indicó que cámaras de televisión y un periodista oficialista estuvieron en la sala.
En la madrugada del jueves blogueros y activistas colgaron capturas de pantalla de la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia en las que se aseguraba que “Ferrer tendrá un juicio justo en el cual se le garantizará su debido proceso”, pero esas entradas aparentemente fueron borradas posteriormente, constató AP.
“El juez estaba parcializado y lo interrumpió varias veces”, agregó Ortega al señalar que en la audiencia no se lo dejaba mencionar palabras como Unpacu o realizar comentarios políticos.
Ferrer y los otros tres inculpados fueron encarcelados a comienzos de octubre de 2019 pero las autoridades cubanas recién dieron a conocer en noviembre los cargos en su contra.
En noviembre un vídeo de la televisión estatal cubana mostró declaraciones de Sergio García González, quien dijo ser la persona atacada por Ferrer y que el miércoles ratificó su testimonio ante el Tribunal.
En aquel vídeo el gobierno incluyó una imagen en la que al parecer Ferrer se daba violentos golpes a sí mismo contra una mesa de una sala policial para desmentir las acusaciones de que había sido maltratado por los uniformados. Además, el vídeo contenía visitas de la encargada de negocios estadounidense en Cuba, Mara Tekach, a la casa de Ferrer.
Según Ortega el abogado de Ferrer, Gustavo Ortiz Concepción, proclamó durante la audiencia del miércoles la inocencia del acusado pues a su entender las pruebas no mostraron que García González fuera agredido por los disidentes, sino que sus lesiones obedecían a una caída de una bicicleta.
La Fiscalía pidió ocho años para Pupo Chaveco y siete para González y Zarraga.
Además de ser líder de Unpacu, Ferrer es un ex preso político del llamado Grupo de los 75, arrestados y sentenciados en 2003 y que fueron posteriormente liberados -la mayoría de manera condicional- gracias a las gestiones de la Iglesia católica y el gobierno español. Muchos salieron del país. La entonces condena contra Ferrer fue a 25 años, pero fue excarcelado en 2011.
La administración de Trump incrementó el embargo de seis décadas para presionar un cambio de modelo político en la isla. En los últimos meses se limitaron los viajes de estadounidenses a Cuba, se prohibieron los cruceros y se persiguió a las empresas que quisieran operar con la isla, incluso a los barcos que traen combustible.
Nota de AP News
