Pedro Castillo, cuya gestión duró apenas 18 meses, fue capturado pocas horas después de haber intentado disolver el Congreso peruano, una medida que fue catalogada por muchos estamentos de ese país de "golpe de Estado".
El Político
Castillo, quien fue capturado por la policía después de que hubiera salido de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno, en la tarde del miércoles, fue presidente de este país hasta ese día. La sombra de la corrupción lo ha acompañado todo este tiempo.
En contexto
La detención se realizó en la prefectura de Lima, en un procedimiento en el que estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
De acuerdo con el organismo judicial, a Castillo, quien fue enviado a prisión de forma preventiva, se le abrió un proceso preliminar por "quebrantar el orden constitucional".
A pesar de los intentos de Pedro Castillo por disolver el Congreso horas antes de la votación, los parlamentarios decidieron la destitución del jefe de Estado por “permanente incapacidad moral”.
De las 130 bancadas, 101 fallaron a favor del cese del mandatario, quien este miércoles 7 de diciembre llamó a la conformación de un “Gobierno de excepción” luego de anunciar el desintegro del aparato Legislativo, una decisión controvertida que profundizó la inestabilidad política en el país.
Su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y actores oficialistas y opositores repudiaron este “autogolpe de Estado”, el cual generó renuncias en delegados internacionales como la OEA y de ministros importantes como en las carteras de Economía, Justicia y Trabajo.
Boluarte, abogada de profesión, será la encargada de liderar esta etapa de transición que sucederá en la nación del Pacífico hasta que se celebren nuevas elecciones abiertas y democráticas, las cuales no tienen fecha y podría ser recién al final del actual mandato.
#URGENTE Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP
— Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022
Entre líneas
En solo horas, Pedro Castillo pasó de ser el “presidente del pueblo” a otro exmandatario peruano detenido y recluido en la misma base policial en la que se encuentra preso el también expresidente Alberto Fujimori, con quien compartió la misma decisión: cerrar el Congreso peruano acusándolo de obstruccionista.
Su antecesor tuvo éxito en la medida y, en 1992, con le llamado ‘Fujimorazo’, disolvió el legislativo, promulgó una nueva Constitución al año siguiente, y se quedó gobernando el país con mano dura por casi una década, reportó Univision.
En cambio, Castillo fue abandonado en lo que ha sido considerado un golpe de Estado y su gobierno cayó estrepitosamente habiendo pasado apenas 16 meses en el poder.
A Castillo no solo los militares le dieron la espalda, sino también sus propios ministros, quienes fueron renunciando minutos después de que el expresidente anunciara la repentina disolución del Parlamento, y terminara, en cuestión de horas, preso.
En esos meses Castillo, de 53 años, tuvo un paso complicado al frente del país latinoamericano, que acumula ya seis presidentes en los últimos seis años.
Casi todos los que gobernaron en las últimas dos décadas se encuentran acusados y procesados judicialmente por corrupción, incluso uno de ellos, Alan García, en 2019 se suicidó para evitar ser arrestado.
Antes de intentar cerrar el Congreso, hecho por el que ahora afronta investigaciones por presunta conspiración y rebelión que tienen pena de cárcel de hasta 20 años, Castillo ya venía siendo investigado por la Fiscalía por seis casos y recaían sobre él graves acusaciones de excolaboradores cercanos.
Castillo siempre ha asegurado no ser corrupto y en recientes declaraciones públicas puso más énfasis en ello, acusando a la oposición y a grupos económicos de no quererlo en la presidencia y de armar un complot para sacarlo del poder.
“Quieren encontrar un chat, un video, quieren que alguien diga ‘sí, el presidente me llamó para ser ministro o director, y me pidió tanto (dinero)’. ¡Pero no van a encontrar! Un campesino no puede robar a un campesino, un maestro no puede robar a un maestro”, dijo hace pocas semanas a pobladores de la localidad cusqueña de Pichari.
En conclusión
Por qué investigan a Pedro Castillo. Las investigaciones judiciales que tiene abiertas son variopintas. Van desde el presunto plagio de la tesis de su maestría en psicología educativa, que la elaboró junto con su esposa Lilia Paredes, hasta supuestamente intervenir en la compra de biodiésel para la empresa estatal petrolera favoreciendo a un empresario que se reunió con él y que luego ganó la licitación.
Sobre el tema de su tesis, la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, luego de que una investigación periodística mostrara que el documento elaborado por Castillo y su esposa arrojara un nivel de similitud superior a lo permitido con otras investigaciones nacionales y extranjeras y que no citaron a los autores originales.
En su momento, el expresidente desmintió cualquier acto irregular y dijo que su trabajo de tesis “fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos” y afirmó que la denuncia era parte de un plan desestabilizador.
La Justicia también investiga a Castillo como supuesto líder de una organización criminal, por tráfico de influencias y colusión por designar a allegados en el Ministerio de Transportes para favorecer con contrataciones a los que apoyaron su campaña presidencial.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, dijo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un pronunciamiento en octubre.
Castillo, además, está siendo investigado por pedir de manera irregular ascender a militares. Fueron los propios jefes militares los que denunciaron las presiones para realizar estos ascensos y al negarse a hacerlo fueron relevados en sus cargos.
Según la denuncia de la Fiscalía, el exmandatario coordinó con su ministro de Defensa y su secretario del momento el ascenso de dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional a cambio de una compensación económica.
Todavía no está claro qué va a pasar con el expresidente, quien tras el intento de cerrar el Congreso intentó pedir asilo a México, según confirmó el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero, mientras duren las investigaciones judiciales, su nombre seguirá resonando en los pasillos judiciales.
En el comunicado se refieren a que el exmandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que: "El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años".
Por esa razón, miembros de la Fiscalía realizaron operativos simultáneos en el palacio de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros y otras oficinas gubernamentales con el fin de buscar pruebas para sustentar la acusación.
