Por los vientos que soplan en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se debilitó políticamente en apenas 34 meses de gobierno. Tanto, que en estos momentos quien ejerce como un primer ministro de facto es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Porque es quien promueve las principales acciones del gobierno, especialmente las económicas. Desde la barrera, tanto Bolsonaro como su ministro de Economía, Paulo Guedes, miran, indolentes, la actuación legislativa.
El Político
Así lo observa la agencia mundial de noticias Inter Press Service (IPS) en su versión digital, la cual hace referencia a la aprobación por la Cámara de Diputados de una enmienda constitucional que exime el gobierno de pagar la mitad de los “precatorios”. Se trata de las deudas reconocidas en fallos judiciales definitivos que vencen en 2022. Esa mitad se pagaría en cuotas en el transcurso de diez años.
Esto no es más que postergar el pago del 44 mil 600 millones de reales (US$ 8 mil 200 millones). Aunque se incumplan así fallos judiciales. El gobierno pretende usar esa suma ahorrada en garantizar los fondos para el Auxilio Brasil, un programa de transferencia de renta para 17 millones de familias menos pudientes en 2022.
El programa sustituirá la Bolsa Familia, vigente desde 2003. Y de esta manera incrementar los beneficiarios de 14,6 millones a 17 millones de familias. Y adicionalmente duplicar hasta el equivalente a US$ 74 el pago mensual a cada familia. De esta manera Bolsonaro espera recuperar parte de la popularidad perdida con miras a su reelección en octubre de 2022.
A Câmara vota nesta 4ª-feira a PEC dos Precatórios, que abre caminho para um auxílio temporário até dezembro do ano que vem. Mas o auxílio permanente virá da mudança no IR e nos dividendos que está no Senado.
— Arthur Lira (@ArthurLira_) October 26, 2021
Poco probable la enmienda constitucional
En su análisis periodístico, IPS estima que no obstante, el impago de las deudas ratificadas por la Justicia viola flagrantemente la Constitución. De allí la necesidad de alterar cinco artículos de la ley fundamental de 1988.
Tras consultar a los analistas, se concluye que una enmienda constitucional no es tarea sencilla, más aún para un gobierno sin un respaldo mayoritario formal en el Congreso Nacional. Se requiere mayoría de 60 por ciento en las dos cámaras legislativas; es decir, 308 en un total de 513 diputados. Y de las inclinaciones de 49 senadores en un total de 81. Además de la aprobación en dos vueltas en cada cámara.
En adelante la enmienda tendría que pasar por el Senado, donde la aprobación será más difícil. Porque en su presidencia está el senador Rodrigo Pacheco, que no apoya a Bolsonaro. Y quien además pretende ser uno de sus adversarios en las próximas elecciones.
El protagonismo de Lira atropella el neoliberalismo y la austeridad fiscal del ministro de Economía. Gracias a su iniciativa se aprobó el Vale-gas. Se trata de un subsidio a los muy pobres, que paga mitad de la bombona de gas de cocina, cuyo precio subió más de 35 por ciento este año. Y que obligó a las familias menesterosas a recurrir a la leña o desechos de muebles.
El presidente de la Cámara de Diputados también presionó los gobernadores de los 26 estados brasileños para mantener fijo por tres meses sus impuestos sobre combustibles. Y con ello evitar nuevas subidas en el precio del diésel y de la gasolina, cuyo costo amenaza con desatar una huelga de camioneros que sería desastrosa para la economía local. Este además impulsó la privatización de la Eletrobrás, la mayor empresa brasileña de electricidad. Y prometió hacerlo también con la empresa de Correos. También asumió la tarea de promover una reforma tributaria y otra de la administración pública, distintas de las propuestas del Ministerio de Economía.
El mayor dolor de cabeza de Bolsonaro: El Covid-19
En este escenario se observa que el poder de Lira corresponde a la debilidad política y administrativa de Bolsonaro. Este, en el fragor de sus amenazas al Supremo Tribunal Federal y a las reglas democráticas, sufre una erosión de su poder desde desde que tomo posesión presidencial en enero de 2019.
El Covid-19 es otra circunstancia que erosiona la autoridad de Bolsonaro y que desnudó su condición de “pato cojo” (el lame duck estadounidense, o presidente despojado de poderes). Su prédica contra las vacunas no fue seguida ni siquiera por la mayor parte de sus seguidores. Encuestas recientes registraron que más de 90 por ciento de los entrevistados desean la vacuna o ya se vacunaron. En varios de los estados brasileños la casi totalidad de los adultos ya recibieron por lo menos la primera dosis.
La pandemia había matado a 610 mil 36 personas en Brasil hasta el miércoles 10 de noviembre. Pero el promedio diario de fallecimientos disminuyó a 254, el más bajo desde abril de 2020. Eso comprueba la eficacia de la vacunación, pero el gobierno sigue a contramano de esta realidad.
El ministro del Trabajo, Onix Lorenzoni, firmó el 3 de noviembre una ordenanza que prohíbe a empresas e instituciones públicas despedir o rechazar la contratación de trabajadores que rechazan vacunarse. La Justicia, sin embargo, ya estableció jurisprudencia contraria, al supeditar la libertad individual a la salud colectiva. La secretaria de Cultura, por su parte, vetó la exigencia de la vacunación como pasaporte para el ingreso en espectáculos beneficiados por el fomento oficial.
El presidente Bolsonaro siempre cuestionó las vacunas. La última vez difundió una falsa noticia de que vacunarse contra la Covid-19 puede facilitar el contagio por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Él mismo se quejó de que el Supremo Tribunal Federal lo dejó sin función en el combate a la pandemia, al atribuir la tarea a los gobiernos regionales y locales.
En realidad, el fallo solo garantizó a los gobiernos de estados y municipios la autonomía para adoptar medidas de prevención. Entre ellas el uso de mascarillas y el cierre de algunas actividades riesgosas cuando se incrementan los casos de contagios.
El máximo tribunal del país trató así de impedir al gobierno central el imponer a todos su política de acelerar el contagio como forma de inmunización colectiva, en la creencia de que evitaría así una caída de la actividad económica.
Fuente: IPS
