La Defensoría del Pueblo creará una comisión para investigar las denuncias de los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos en la sociedad apostólica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y también en colegios públicos y privados del país, anunció hoy esa institución en un comunicado.
La Defensoría aceptó la solicitud realizada por el partido fujimorista Fuerza Popular para que se encargue de las investigaciones después de que esa fuerza política archivara con sus votos una moción para que el Congreso indagara los abusos cometidos en el Sodalicio.
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La comisión estará integrada por comisionados adjuntos de la Niñez y Adolescencia, así como del de Derechos Humanos, quienes investigarán los casos y, si es pertinente, presentarán una denuncia en la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, explicó que la comisión buscará llegar también a todos los casos de abusos en instituciones que tengan la responsabilidad de formar y educar a menores de edad.
"Existe un patrón de conducta instalado en colegios públicos y privados que está permitiendo que aquellas personas que tienen una relación de autoridad con los alumnos cometan delitos sexuales", agregó.
El Sodalicio determinó en febrero en su propia investigación interna que al menos 36 jóvenes miembros de la congregación, 19 de ellos menores, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de ocho líderes de la congregación.
Los únicos nombres revelados de los agresores son los de su fundador, Luis Fernando Figari; el fallecido Germán Doig; el funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Virgilio Levaggi; y el estadounidense Jeffrey Daniels, quienes ya no pertenecen a la organización.
La fiscal María del Pilar Peralta, titular de la vigésimo sexta Fiscalía Penal de Lima, archivó en enero la denuncia presentada por cinco víctimas bajo el argumento de que no tenía indicios suficientes de los abusos y violaciones cometidos en el Sodalicio.
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Los querellantes son José Enrique Escardó, Martín López de Romaña, Vicente López de Romaña, Óscar Osterling y Pedro Salinas, periodista que recogió junto a su colega Paola Ugaz los testimonios de sus compañeros bajo seudónimos en el libro "Mitad monjes, mitad soldados", y cuya publicación motivó la investigación desde 2015.
Tras archivarse la denuncia, la Defensoría del Pueblo aseguró en un comunicado que la decisión de la fiscal "constituye una vulneración al derecho a la verdad, en la medida en que se priva a las víctimas y a la sociedad de conocer las reales dimensiones de los sucesos".
"La investigación fiscal fue insuficiente y sumamente acotada. El archivamiento injustificado de las denuncias sobre los referidos abusos sexuales constituye una clara vulneración al deber estatal de impedir la impunidad", dijo Gutiérrez.
En las últimas semanas, colectivos religiosos como los evangélicos del Movimiento Misionero Mundial (MMM) emprendieron la campaña "Con mis hijos no te metas" para denunciar que el nuevo currículum escolar de Perú tenía una supuesta "ideología de género" al fomentar la igualdad de género y de las distintas identidades.
EFE
