La abogada de la activista y diputada argentina del Parlasur Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró hoy que el Gobierno de la provincia norteña de Jujuy la quiere ver muerta, después de que trascendiera que la líder social se autolesionó en el vientre fruto de un ataque depresivo.
Sala, en prisión preventiva desde enero de 2016 por su supuesta implicación en varias tramas de corrupción, se hirió en el vientre con unas tijeras el pasado jueves en su celda, después de que le notificaran la apertura de otros tres nuevos procesos contra ella por instigación de amenazas.
"El jueves pasado, a las 20.30 (23.30 GMT), recibe tres notificaciones de que al día siguiente iba a ser trasladada a comisaria para que le notificaran de tres nuevas causas en su contra", explicó la letrada en declaraciones a Radio 10, donde dijo que Sala sufre un cuadro de "mucha vulnerabilidad" psicológica.
Según detalló, el corte en el estómago no fue de gravedad, pero "el sentido común indica que una persona que se autoagrede evidencia una situación crítica y de alta vulnerabilidad psicológica", por lo que pidieron que suspendiera la audiencia, algo que ratificaron dos psicólogas: la de la prisión y una de la Justicia jujeña.
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No obstante, a pesar de las indicaciones de las doctoras, el fiscal que lleva la causa mantuvo la convocatoria y Sala tuvo que ser trasladada hasta la comisaría para asistir a la audiencia.
Para la abogada, hay un plan del Gobierno de Jujuy, que conduce el oficialista Gerardo Morales, y de la Justicia provincial para destruir a la activista como enemiga política e incluso ir más allá: "¿La quieren muerta? Evidentemente. Yo creo que la quieren muerta", denunció.
La activista fue detenida en Jujuy el 16 de enero de 2016 por una protesta organizada contra Morales, pero permaneció después en prisión preventiva debido a su presunta implicación en otras causas por corrupción y otros delitos.
Sala encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.
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Aunque fue elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, aún no pudo asumir y su detención es seriamente cuestionada por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades jujeñas argumentan que dichos organismos no conocen todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está solo en manos de la Justicia.
Hasta la fecha, los tribunales se han expedido en dos de las causas menores contra la activista, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.
Por la primera se le impuso una multa por 3.780 pesos (unos 240 dólares) y la prohibición de integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses, mientras que por la de 2009 recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso (no efectiva).
Con información de EFE
