En 2018, bajo el expresidente Donald Trump, el departamento de Justicia de Estados Unidos amasó datos de perfiles digitales de al menos dos diputados de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, como parte de una operación contra las filtraciones a la prensa de detalles de la trama rusa y otros asuntos de seguridad nacional.
El Político
Un equipo de fiscales del departamento de Justicia de Trump requirieron a la compañía Apple datos privados, según reveló el diario «The New York Times».
Apple facilitó detalles de al menos doce personas con alguna conexión con esa comisión de Inteligencia, gran parte de cuyas deliberaciones son secretas.
Entre las personas espiadas había familiares de los diputados, incluidos menores, de los que no hay más detalles, reportó ABC.
Ejecutivo de Trump espían
Entre los espiados por el ejecutivo de Trump se encuentran destacados demócratas.
Uno de ellos es el presidente de la comisión, Adam Schiff, que además coordinó la acusación en el primer juicio político de impeachment de Trump, en el que este fue exonerado.
Otro legislador afectado es el diputado de California Eric Swalwell. Apple informó a los investigados el mes pasado que sus datos habían sido entregados a Justicia, pero no dio muchos detalles.
Mucha información
Según el «Times», lo que se reveló fueron los metadatos de las cuentas, información como la localización y horas de acceso.
Los registros no contienen ningún otro contenido de los dispositivos marca Apple, como fotos, mensajes o correos electrónicos.
Aun así, una investigación de este calado a los legisladores en el Congreso es muy infrecuente.
Por entonces, en 2018, Trump no podía ocultar molestia por las investigaciones sobre los vínculos de su campaña electoral con Rusia, conducidas tanto por el Capitolio como por el fiscal especial Robert Mueller.
Trump calificó las investigaciones de «caza de brujas», y criticó frecuentemente a Schiff y otros demócratas en Twitter.
Abuso de poder de Trump
Schiff, ahora presidente de la comisión de Inteligencia, confirmó en un comunicado el jueves por la noche que el departamento de Justicia le había informado en mayo de que la investigación estaba cerrada.
Aún así, dijo, «creo que se necesitan explicaciones, por lo que creo que el inspector general debería investigar estos y otros casos que sugieren que un presidente corrupto ha utilizado la aplicación de la ley como un arma».
El inspector general, una especie de defensor del pueblo, se encarga de investigar abuso de poder y mala praxis en el gobierno.
