Los tres agentes tocaron la puerta de un dúplex en un pueblo de Wisconsin justo después del amanecer. El inmigrante mexicano que vivía en el departamento asomó la cabeza.
Le preguntaron su nombre. En cuestión de minutos, José Cervantes Amaral estaba esposado mientras su esposa, también de México, miraba en silencio. Después de trabajar y vivir tranquilamente durante 18 años en Estados Unidos, Cervantes se alejaba en el asiento trasero de una patrulla rumbo a su deportación.
Es algo que sucede a diario. El jueves pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos le puso fin a las iniciativas del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a más de 4 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, la mayoría padres de ciudadanos estadounidenses.
Obama no ocultó la frustración que le provocó la decisión y dijo que su objetivo era ayudar a los inmigrantes que habían criado familias aquí y habían ayudado al país con su trabajo. El presidente dijo que los inmigrantes que podrían haber cumplido los requisitos para los programas todavía estarían a salvo de la deportación.
Aun así, miles de deportaciones se llevan a cabo todas las semanas.
Cuando Obama anunció por primera vez los programas de protección en noviembre de 2014, también estableció nuevas prioridades para su aplicación. Desde entonces, según las autoridades de inmigración, se concentran en deportar a criminales convictos y extranjeros que representan una amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, las prioridades de la administración también incluyen la deportación de migrantes centroamericanos, entre ellos niños, que empezaron a llevar masivamente desde 2014. Además, a menudo también se llevan a los inmigrantes que cometieron delitos menores —o que no cometieron delito alguno— en los operativos.
Los funcionarios de Homeland Security dijeron el viernes pasado que la decisión de la Corte Suprema no tendría efecto alguno en el ritmo ni la estrategia de aplicación.
“Nuestros recursos no se concentrarán en la expulsión de quienes no han cometido delitos graves, quienes han estado en este país durante años y tienen familia aquí”, dijo Marsha Catron, vocera del departamento. “Con esta política, estas personas no son prioridad en cuanto a las deportaciones en el país, ni deberían serlo”.
Obama ha llevado a cabo muchas más deportaciones que los presidentes anteriores, pues ha establecido un récord de más de 2,4 millones de deportaciones formales.
No obstante, los legisladores republicanos señalan una importante disminución de las deportaciones: han bajado 43 por ciento en 2015 después de haber alcanzado la cifra de 409.849 en 2012.
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