La derogatoria de la ley de amnistía de 1993 manda al sistema judicial del país que persiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y se reparen los daños ocasionados a las víctimas, dijo el miércoles un magistrado de la Corte Suprema.
Sidney Blanco, uno de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que suscribieron la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía, defendió la decisión en una entrevista con un canal de la televisión local y afirmó que "esa sentencia pretende abrir una nueva fase de la historia de nuestro país procurando la reconciliación entre la sociedad".
Agregó que la sentencia también contempla la posibilidad de que la Asamblea Legislativa regule disposiciones legales relacionadas con la justicia transicional, "en la que no solo debe estar incluida la cárcel para estos delincuentes violadores de los derechos humanos, sino también buscar de manera creativa otras formas de reparación", como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Blanco dijo que ahora las víctimas pueden exigir al sistema de justicia que investiguen sus casos.
"Se está abriendo la posibilidad para que los jueces asuman la responsabilidad de los nuevos tiempos, en una justicia recreada en virtud de la sentencia de la Sala que exhorta al conocimiento de la verdad judicial", dijo.
El magistrado constitucionalista dijo también que el Estado salvadoreño debe asumir la rehabilitación de las víctimas de los traumas psicológicos sufridos y que todavía sufren los crímenes soportados durante la guerra, las desapariciones forzadas, personas que todavía no saben nada de sus familiares o personas que perdieron toda su familia".
Cuando le preguntaron por qué habían declarado inconstitucional la amnistía, afirmó que: "impedía a las víctimas el derecho de acceso a la justicia, el derecho a conocer la verdad y el derecho a la reparación integral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos".
Señaló que la derogada ley concedía amnistía amplia, absoluta e incondicional para cualquier persona que haya cometido delitos políticos, comunes y conexos con políticos y que además extinguía toda clase de responsabilidad civil, "y con esto prácticamente se estaba cerrando las puertas a las víctimas para reclamar, para conocer la verdad, y no se puede acceder a la justicia con una amnistía de estas características".
Pero la decisión de la Sala de lo Constitucional ha sido criticada por políticos y militares, e incluso del mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, quien fue parte de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Estas sentencias ignoran, o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existe", dijo la semana pasada el mandatario, quien cuando fue diputado hace unos años estaba a favor de derogar la ley de amnistía.
El general en retiro, Humberto Corado, que fue ministro de la Defensa entre 1993 y 1995, advirtió el viernes pasado que con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia "se reabre el conflicto y crea posibilidades de que esto se vuelva una cacería de brujas y que haya demandas de todo tipo, que haya incluso presiones nacionales e internacionales, no sabemos todavía de que alcance".
Con información de Nuevo Herald
