Cada día que pasa se conocen más pormenores del entramado criminal en el cual está involucrada Claudia Patricia Rojas, ex enfermera de Hugo Chávez. Este miércoles salieron a la luz públicas detalles de la acusación que le hace Estados Unidos.
El Político
Estados Unidos acusa a Claudia Patricia Díaz, quien fuera enfermera del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, y a su marido, Adrián José Velásquez, de blanquear unos 4.281.051 dólares en sobornos a través de yates, caballos de carreras, ropa y relojes de alta gama, entre otros artículos de lujos.
Por ello, EE.UU. presentó una orden de detención internacional contra Claudia Patricia Díaz y Adrián José Velásquez, cuyo resultado fue el arresto -en Madrid- de estos individuos relacionados con las mafias del chavismo.
Ahora Díaz y Velásquez están a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien los dejó en libertad con medidas cautelares.
Este miércoles el diario español El Mundo tuvo acceso a los pormenores de la causa de la detención de Claudia Patricia Díaz y Adrián José Velásquez,
Nueva Orden de Arresto
Esta nueva orden de arresto indica que entre 2008 y 2017, el empresario y dueño del canal de televisión venezolano Globovisión Raúl Gorrín Belisario, pagó unas comisiones al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade.
Quién cumple condena en EE.UU. por una década por corrupción y lavado de dinero tras confesar haber recibido hasta 1.000 millones de dólares en sobornos.
En la orden indican que Gorrín sobornó a Andrade, un militar quien fue guardaespaldas de Chávez y responsable de sus finanzas en 2007.
El pago fue para «asegurar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano con tasas favorables». De esa forma se lucro -por años- para obtener una importante fortuna.
El negocio: cambio de un soborno del 50% de la ganancia
En el 2008, «Andrade permitió que Gorrín cambiara dólares por bolívares para el gobierno venezolano a un tipo de cambio fijo favorable», indica la orden de arresto emanada por EEUU.
Todo ello, «a cambio de un soborno del 50% de la ganancia al explotar la diferencia entre el tipo de cambio fijo (seis bolívares por dólar) y el tipo fijado en el mercado negro (60 bolívares por dólar)». De esa forma, los beneficios obtenidos se «blanquearon mediante una serie de complejas transacciones financieras», detalla el documento.
Así, Gorrín «pagó y blanqueó los sobornos desde o a través de cuentas bancarias» en Venezuela.
El empresario y la enfermera hacen negocios
No obstante, también «buscaron ayuda para abrir cuentas bancarias para canalizar los sobornos a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final». En el marco de esta operativa, las autoridades americanas sitúan a la ex enfermera de Chávez y a su marido en una posición clave para consumar con éxito la «estratagema».
De esta forma, «alrededor de 2011, después de que Andrade dejara su cargo (como tesorero nacional), presentó a Gorrín a Díaz para facilitar la continuación de la estrategia de soborno».
En este sentido, los pagos se articularon a través del esposo de la ex enfermera para «asegurar los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano con tasas favorables».
Jets privados, yates, casas, caballos de carreras
EEUU asegura tener pruebas que «Gorrín transfirió electrónicamente dinero a Velásquez para jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama e incluso una empresa de moda».
Entre las operaciones entre Gorrín y Velásquez reflejadas en la orden de detención internacional destaca dos.
La primera ocurrió el 15 de marzo de 2013, cuando Gorrín «transfirió 281.051 dólares desde una empresa suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida. Esos fondos se utilizaron para comprar un yate para Velásquez», asevera el documento.
El otro caso reflejado en la orden de arresto es del «17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió 4.000.000 dólares desde la cuenta bancaria de otra de sus empresas en Suiza a una cuenta bancaria de Velásquez, también en el Distrito Sur de Florida».
En esa ocasión, «a nombre de una empresa de moda». «Ambos pagos», subrayan las autoridades americanas, «se llevaron a cabo en beneficio de Díaz y con el propósito de promover la estratagema de soborno».
Sin pasaporte
Tanto Díaz como su marido niegan haber recibidos esos fondos así como el lavado de los mismos. También dicen que no tienen las cuentas que les atribuye EEUU.
El juez Pedrazano consideró «justificado» el ingreso en prisión provisional del matrimonio. Acordó su libertad valorando sus «circunstancias personales, familiares y laborales».
No obstante, les quitaron el pasaporte a ambos y deben comparecer ante el juez cada 15 días.
La Audiencia Nacional rechazó su extradición por la comisión de presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de blanqueo de instrumentos monetarios.
