La Policía Nacional española y el Departamento de Inmigración de la Policía tailandesa han desarticulado una red internacional de falsificación y distribución de cientos de pasaportes españoles radicada en el citado país asiático.
Se trata de una investigación iniciada hace meses por las autoridades del país asiático y en la que han colaborado agentes de la Policía Nacional española tras la incautación de cientos de pasaportes españoles falsos. La operación se ha cerrado ahora con la detención de nueve personas.
La organización cobraba por los falsos pasaportes entre 1.250 y 2.000 euros y los distribuía mediante envíos postales o a través de "muleros" que los hacían llegar a otros países, según informa una nota de la Policía Nacional.
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Entre sus principales clientes se encontraban varias organizaciones dedicadas al tráfico de personas, añade la nota.
Las autoridades tailandesas desmantelaron en febrero el principal punto de producción de documentos falsos, que se encontraba en la provincia de Chachoengsao, limítrofe con Bangkok.
Allí la Policía se incautó de 34 impresoras importadas de China, 18 marcas de agua, sellos de visado, visados tailandeses falsos y otros materiales necesarios para la falsificación de documentos. También fueron incautados 173 pasaportes de distintas nacionalidades falsificados.
Además, fue detenido uno de los líderes de la organización, de nacionalidad iraní y, junto a él, cinco ciudadanos paquistaníes que actuaban como intermediarios entre la organización y los clientes, en su mayoría nacionales de Irán, Siria e Irak.
El avance en las investigaciones llevó a la detención por la policía tailandesa de otros tres miembros más de la organización, a uno de los cuales le fueron intervenidos 381 pasaportes de distintas nacionalidades, de los cuales 357 eran españoles.
El elevado número de documentos españoles y el material para la elaboración de los mismos intervenido provocó que por parte de las autoridades tailandesas se solicitara la colaboración de la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de España, que aportó los expertos necesarios.
Con información de EFE
