Los imputados se han convertido en la particular ‘china en el zapato’ en las conversaciones entre PP y Ciudadanos para lograr un acuerdo de investidura. Como ha informado este diario, el PP no se siente obligado a apartar a los cargos públicos imputados por corrupción político si no hay Gobierno, si no sale adelante la investidura. Ciudadanos considera que la cláusula está en vigor desde que se firme el acuerdo.
La respuesta que decida dar Ciudadanos puede tensar o no la negociación."Hay que referirse al documento, leérselo y ahí viene claramente la fecha concreta en que se puede producir el apartar a los imputados", ha señalado Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del PP y miembro del equipo negociador.
"Estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII Legislatura, a contar desde la fecha de investidura". Y a esta literalidad se acoge el PP para defender que no estará obligado a cumplirlo en caso de que Rajoy fracase en la investidura. Ambos partidos tienen previsto consensuar el plazo y zanjar esta polémica de tiempos en la reunión del miércoles, que abordará la regeneración y lucha contra la corrupción.
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Ante este intercambio de opiniones sobre los plazos -Ciudadanos insiste en que su salida debe ser inmediata-, aparece el nombre de Óscar Clavell. Es diputado del PP. En febrero, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, apreció indicios de delito en el comportamiento de Clavell respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos cuando ejercía de alcalde en funciones. Los hizo, según la juez, "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" le advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente".
Ciudadanos ha pedido información sobre el caso, para estudiarlo y determinar si lo consideran corrupción política para ver si piden al PP que reclame su acta o no. "A la firma del acuerdo ya está vigente la separación de cargos públicos imputados, porque es un acuerdo político, no es un punto que exija desarrollo legislativo", ha dicho José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos y miembro del equipo negociador. "En el ámbito del Congreso y el Senado es aplicable desde el momento de su firma".
Ciudadanos considera corrupción política el delito de prevaricación cuando está ligado al enriquecimiento personal o la financiación ilegal de los partidos. "Si se dan estos condicionantes, pediremos que se cumpla el pacto. La mala praxis no es corrupción política", ha dicho Villegas. Cabe recordar que en Andalucía, Ciudadanos no pidió la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por considerarlo un caso de procedimiento y no de corrupción política.El PP no considera que el caso de Clavell sea de corrupción política, si no una cuestión administrativa pendiente de juicio oral.
"El diputado ya ha explicado que es una presunta prevaricación administrativa y ha asegurado que aunque no sea corrupción política, si se abre juicio oral dimitirá. Pero no se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es", ha advertido Maillo. "Antes de estar sentado en un banquillo, renunciaría a mi acta de diputado nacional", dijo el propio Clavell en febrero de 2016.
Según explicó el propio implicado, lo consideraba una denuncia "política" que interpusieron el PSOE y EU de la Vall d’Uixó después de que, en su función como alcalde accidental en diciembre de 2010, cumpliera con el contrato firmado con una empresa de limpieza y pagara los atrasos que el Ayuntamiento debía a la empresa de limpieza y recogida de residuos.
Con información de El Mundo
