Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas.
El Político
Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y cerca de 5 millones de venezolanos, -cerca de uno de cada diez-, ha abandonado el país.
Un reportaje de Infobae demuestra como potentados hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, su sucesor, participaron en el desastre. Se les conoce como “boliburgueses”, una referencia irónica a Simón Bolívar, el héroe de la independencia sudamericana al que Chávez invocaba como inspiración para su movimiento político. La mayor parte de su fortuna es producto de contratos públicos, a menudo otorgados para proveer servicios a la gente pobre.
Una muestra de reportes bancarios confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del erario fuera de Venezuela (recursos destinados a la vivienda y a otros servicios básicos, entre otros); y ello en pleno derrumbe de la economía.
La filtración, conocida como FinCEN Files, incluye más de 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con agradables conexiones con el gobierno, envió en secreto al menos $116 millones de contratos de vivienda pública a destinatarios, incluidas empresas offshore y cuentas bancarias que pertenecen a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción de la unidad familiar en la que vive Ramírez, la cual forma parte de un gran programa para ofrecer millones de viviendas a precio abordable para los venezolanos de a pie.
Ceballos es dueño de una mansión en Caracas y de una casa con ocho habitaciones en la periferia de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten cada semana por premios que se elevan a varias decenas de miles de dólares. Es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran FinCEN Files.
“Saquear Venezuela”
Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los documentos de FinCEN permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron en su camino. La información viene de los propios bancos.
Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa a la FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son denuncias formales, pero otorgan al sistema financiero su línea de defensa más fuerte contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas.
Sin embargo, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias acciones.
Así, la rama en Miami del Banco Espírito Santo, -un banco portugués sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet-, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares.
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