México cuenta con dos meses para solicitar formalmente a Guatemala la extradición de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz detenido en ese país, mientras se espera que pida también la entrega del político Tomás Yarrington, arrestado en Italia.
Duarte, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue localizado y detenido este sábado "con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá", informó en un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
De acuerdo con la institución, la detención del exgobernador (2010-2016) fue resultado de las investigaciones realizadas por el gabinete de seguridad del Gobierno mexicano con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala.
La Procuraduría indicó que este mismo 15 de abril pidió a la cancillería que presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
En atención a dicha solicitud, un juez de la nación centroamericana emitió la orden de detención provisional, que fue ejecutada el sábado.
Conforme a las disposiciones del tratado bilateral en la materia, el Gobierno de México debe presentar formalmente la solicitud de extradición antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde la captura.
Una vez presentada la solicitud, la Fiscalía General de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien resolverá en términos de la legislación de ese país.
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"En el momento en que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas", explicó la PGR.
Duarte pidió licencia para separarse de su cargo el 12 de octubre del año pasado, 48 días antes del fin de su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra, pero inmediatamente se convirtió en prófugo de la justicia.
Un juez mexicano emitió el 14 de octubre una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Duarte, expulsado ese mismo mes del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó Veracruz sumido en una profunda crisis económica y en una espiral de violencia por la disputa del territorio entre los cárteles de las drogas.
Su captura se produjo apenas seis días después de que la PGR anunciara que Yarrington, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia "gracias a la colaboración" de la institución mexicana con las autoridades del país europeo y en atención a la solicitud presentada por México.
Sin embargo, el 10 de abril la Policía de Italia informó que la detención se efectuó por ser Yarrington "objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial" de Estados Unidos y que el exgobernador fue localizado "en seguimiento a los informes del organismo estadounidense colateral", presumiblemente el FBI.
La aparente falta de acciones para repatriar a Yarrington, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y blanqueo de dinero, entre otros delitos, llevó a algunos medios a especular que el Gobierno no quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que el exgobernador fue expulsado del PRI en diciembre pasado.
Por lo pronto, al parecer el PRI quiso evitar especulaciones similares en relación con Duarte al emitir un comunicado donde expresó "su reconocimiento y respaldo" al trabajo de la PGR en este caso.
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También exigió que "se sancione ejemplarmente" al exgobernador y se recupere el dinero y los bienes producto de actividades ilícitas para reintegrarlos al estado.
Las acciones del Gobierno y del presidente, Enrique Peña Nieto, "acreditan que México está cambiando", aseveró el partido, que se enfrenta al desafío de ganar las elecciones de junio próximo en el Estado de México, el más poblado del país y bastión del oficialismo, consideradas un termómetro de las presidenciales de 2018.
La captura también fue celebrada por Margarita Zavala, ex primera dama (2006-2012) y aspirante a la candidatura presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN) para 2018, y resaltó la necesidad de que el político sea sometido a "un proceso justo, sin impunidad".
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró importante esta detención después de más de seis meses de "supuesta búsqueda" y demandó al Gobierno tomar todas las medidas necesarias para lograr su extradición.
Con información de EFE
