"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios, para que vayan al Perú". Esta cita corresponde a Pedro Castillo, el nuevo Presidente peruano. La pronunció la semana pasada durante una intervención en la Organización de Estados Americanos.
La negación del mandatario con respecto al comunismo recuerda al Evangelio, cuando Pedro, tal como su maestro pronosticó, negó conocer a Jesucristo. Después de todo, Castillo milita en un partido que no tiene reparo en identificarse como marxista. Por otro lado, es cierto que los políticos en campaña a veces se presentan como más radicales que lo que son para estimular el voto por ellos. Sobre todo cuando el electorado está ávido de cambios.
Contenidos relacionados
Pero las palabras de Castillo ya están chocando con algunas acciones de su gobierno y de sus partidarios. Aunque el jefe de Estado asimismo ha rechazado que se le asocie con el chavismo, dos las más recientes andanzas oficialistas recuerdan al régimen de Venezuela. A saber, amenazas de expropiaciones y un proyecto de ley comunicacional.
Los venezolanos hoy dispersos por toda Suramérica a menudo arman escándalo en los países receptores, advirtiendo a los locales sobre todo lo que huela a izquierda y/o populismo. A veces exageran cuando comparan esos fenómenos con lo que los hizo huir de su país. Pero en otras ocasiones, las similitudes son evidentes. Este pudiera ser uno de esos casos.
Volátil, como el gas
El gas natural ha sido problemático en los Andes en un pasado no muy distante. En 2013, protestas en torno a la explotación de este recurso precipitaron la renuncia y el exilio del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahora pudiera ser nuevamente problemático, al otro lado del Lago Titicaca. Guido Bellido, jefe del gabinete ministerial de Castillo, amenazó el domingo pasado con estatizar el yacimiento de gas de Camisea. Este importante depósito procesa 92% de la producción fiscalizada de gas natural en Perú. También permite generar 40% e la electricidad consumida en el país.
Es propiedad de la empresa argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil. Pero ahora, Bellido les exige a los dueños que “renegocien” el reparto de beneficios. En detalle, quiere que aumenten la cuota de que dan al Estado por las ganancias de la explotación gasífera. Si no lo hacen, advirtió, los activos serán nacionalizados.
Según el diario El Comercio de Lima, las compañías referidas tienen un contrato para explotar el yacimiento hasta 2040. Además, el consorcio asegura que ya entrega 67,24% de su ingreso bruto al Estado por regalías e impuestos. No es suficiente para el gobierno de Castillo, como tampoco fue suficiente para el de Hugo Chávez lo que recibía de las petroleras.
A partir de 2007, Chávez comenzó a exigir una renegociación de los acuerdos que permitían a las trasnacionales petrolíferas operar en Venezuela. En resumen, las instó a que formen con el Estado compañías mixtas en las que el sector público fuera propietario de más de la mitad de las acciones. Casi todas accedieron. Solo dos se negaron: las norteamericanas Exxon Mobil y ConocoPhilips.
Chávez cumplió con su amenaza. Los activos de ambas empresas en Venezuela fueron estatizados. El chavismo celebró la medida con su estridencia característica, presentándola como un gran logro soberano frente al “imperialismo capitalista yanqui”. Pero las compañías no dejaron eso así. Rápidamente emprendieron una serie de demandas en tribunales internacionales. Aunque las de Exxon no prosperaron, Conoco tuvo mejor suerte y actualmente es acreedora de 2.000 millones de dólares que el Estado venezolano le debe pagar.
El gobierno de Castillo pudiera verse en ese espejo. Pero rara vez se aprende de la desgracia ajena.
La mordaza roja
Hace una semana se activaron las alarmas en el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), organización enfocada en la defensa de la libertad de expresión en Perú. El motivo de su consternación estaba en el Congreso, donde diputados de Perú Libre, partido de Castillo, introdujeron un proyecto de ley relativo a los medios.
Su propósito es "declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional". El documento encarga al Estado “la protección y promoción de la idoneidad de los medios como servicio público". Hasta lo autoriza, en supuestos casos de emergencia, a "dictar medidas de obligatorio cumplimiento para los operadores, e incluso asumir el control total de determinadas actividades”.
Decía Umberto Eco, el filósofo italiano y estudioso de las comunicaciones, que el control sobre los medios es más importante que el control sobre la policía para quien quiera ser omnipotente en una sociedad. En efecto, Ipys denunció que la propuesta amenaza directamente la libertad de expresión y es inconstitucional. El instituto recuerda que la Carta Magna peruana garantiza el derecho a informar libremente y sin censura previa.
"El Ipys encuentra detrás de la propuesta un propósito de controlar contenidos de los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización. Lo hace en nombre de una mayor pluralidad y diversidad de medios y mensajes informativos. Esto, sin embargo, puede ser alcanzado sin violentar la Constitución ni afectar la libertad de prensa", explicaron.
Ese argumento de legislar en materia de medios con el pretexto de que la información periodística es un "servicio público de interés nacional" es bastante familiar a los venezolanos. Constituye el sustento para las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Por más de una década, las autoridades venezolanas han invocado estas leyes para regular el contenido de los medios. El propósito por lo general es excluir cualquier información que incomode al chavismo. Para los desobedientes hay multas y hasta cierres. De esa forma, canales de televisión y decenas de emisoras de radio con posiciones críticas o simplemente independientes han desaparecido del mapa. O transformado su línea editorial para hacerla complaciente con el régimen.
Se estima que hay más de un millón de venezolanos en Perú. Algunos de ellos, sin papeles. Cuando Pedro Castillo advierte que no le temblará el pulso para expulsar a los indocumentados, ha de tener en mente pura demagogia nacionalista. Pero un efecto incidental de esas deportaciones que no le vendría nada mal es que habría menos gente en su país notando las similitudes entre sus medidas y las del régimen que produjo la mayor tragedia humanitaria en Latinoamérica.
