Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, no cree en presiones y citó a los dueños de la aerolínea Plus Ultra, en calidad de investigada y para que declare el próximo 15 de junio.
El Político
La investigación sobre la línea aérea vinculada al chavismo, ocurre luego del escándalo que representó el rescate que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, le hicieron por 53 millones de euros.
Este préstamo participativo por 34 millones se une a otro préstamo por de 19 millones de euros más.
Collazos interrogará por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer sospechas sobre delitos de malversación y prevaricación.
La jueza considera pertinente escuchar los alegatos de la compañía después de que los peritos que firmaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la SEPI, presentaran sus conclusiones el pasado 29 de marzo ante el Juzgado.
Los expertos aseguran que parte de la subvención concedida a Plus Ultra, se usó para pagar a PDVSA, la estatal petrolera de Venezuela, manejada por el régimen de Nicolás Maduro.
Plus Ultra, sin embargo, confirmó que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que "la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales".
La empresa se escudó diciendo que PDVSA es la proveedora de combustible de las líneas aéreas que vuelan a Caracas y que el problema afecta a todas las aerolíneas que tienen conexión con Venezuela.
Pero los peritos independientes del juzgado indicaron que "lo habitual" en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
