Conforme avanza el proceso electoral hacia los comicios de 2017, los 8 binomios presidenciales apuran la difusión de sus propuestas de campaña, basados en áreas económicas y sociales, pero sobre todo en temas políticos. Por ejemplo, los candidatos del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento CREO han abanderado su discurso con la derogatoria de la Ley de Comunicación, en caso de llegar a la Presidencia.
Postulantes de Izquierda Democrática (ID), Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Fuerza Ecuador (FE), han manifestado la necesidad de reformar esta ley, cuya elaboración y aprobación, en junio de 2013, partió del plebiscito de 2011, en el que ganó el sí en cuanto a que se expida una Ley de Comunicación que instaure un Consejo de Regulación para la prensa y establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o medios.
Existen propuestas políticas que también incluyen consultas populares para reformas constitucionales. La ID y CREO que ofrecen eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de nombrar, entre otras atribuciones, a las autoridades de control como Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo, a través de concursos públicos de oposición accesibles a todos quienes cumplan con requisitos de selección de acuerdo con el cargo.
Desde 2006, el gobierno del presidente Rafael Correa impulsó la consulta popular de 2008 que fue aprobada con 81,72% del electorado para convocar a la Asamblea Constituyente, la misma que elaboró la nueva Constitución, refrendada con la aprobación mayoritaria en otra consulta popular el mismo año.
Francisco Sierra, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), indicó que plantear la derogatoria de la Ley de Comunicación implica cuestionar el propio modelo ‘consensuado con el pueblo ecuatoriano en la Constitución de Montecristi’, el cual exige la regulación.
Advirtió que cuando las fuerzas políticas de ‘derecha de la región’ han planteado derogar leyes de este tipo, el objetivo ha sido favorecer a los grupos mediáticos dominantes, ‘es decir quitar derechos a la ciudadanía, a los medios comunitarios’.
Sin embargo, los criterios son diversos. Santiago Basabe, catedrático de la Facultad de Comunicación Social (Facso), cree que hay que reformar la Ley de Comunicación y derogar organismos como la Superintendencia de Comunicación, pues a su criterio han originado cuestionamientos a su accionar, por eso los candidatos recurren a esta propuesta para granjearse la simpatía popular.
El binomio Lenín Moreno-Jorge Glas (AP) elaboró un plan para afianzar el cumplimiento de la Constitución y profundizar la participación política de mujeres, como dos sellos particulares de trabajo.
La politóloga Gabriela Endara, considera que no debe ser eliminado el Consejo de Participación Ciudadana. “Esto generaría una restricción de la participación política”, pues fue aprobado por todos los ecuatorianos a través de la vigencia de la Constitución de 2008. También resaltó el planteamiento de dar protagonismo femenino. “Están demostrando que las mujeres son un aspecto fundamental en la propuesta de gobierno”.
Otras propuestas políticas como las del PPS pretenden volver a la aplicación de una justicia especializada para la Policía y las FF.AA. La socióloga Patricia De la Torre está en contra: “Las experiencias nos dicen que existen casos proclives a quedar en la impunidad”, por lo tanto habría mayor control y transparencia si son llevados a las cortes de justicia regulares”.
Guillermo Lasso también quiere, dentro del marco político, transformar la seguridad social a través de un sistema mixto de pensiones: capitalización individual y componente solidario, que comprendería transferir cierta cantidad de recursos de los afiliados a cuentas de seguros particulares.
El profesor de la Universidad de Guayaquil, Johny Ayluardo, dijo que esa propuesta viene inspirada por la reunión que Guillermo Lasso tuvo con Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en donde existe un sistema de seguridad social privado y que en esa nación ha levantado una reprobación general, “esta moción es de los años 90 y no fue aceptada por Ecuador”.
Con información de El Telégrafo
