Fernando Villavicencio, condenado junto a otras tres personas por injuriar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó hoy que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplíe unas medidas cautelares emitidas en 2014.
La decisión la adoptaron luego de que un juez de Quito emitiera el pasado martes a trámite una demanda de Correa contra Villavicencio, a quien la Justicia impuso el pago de 141.000 dólares de forma solidaria con los otros dos condenados por los mismos hechos.
El exlegislador opositor Clever Jiménmez y Villavicencio (asesor de este) fueron condenados en 2014 a un año de prisión, mientras que el activista Carlos Figueroa lo fue a seis meses de privación de libertad por la Justicia ecuatoriana, que les impuso el pago conjunto de la citada cantidad.
Los tres fueron sentenciados por lanzar acusaciones contra Correa sin pruebas con relación a los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
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Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.
Los condenados, que llevaron su caso ante la CIDH, acusaron a Correa ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para supuestamente planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
La Fiscalía no acogió la denuncia, que calificó de maliciosa y temeraria, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias contra ellos.
En marzo de 2014 la CIDH concedió medidas cautelares en favor de los condenados en una resolución en la que pidió al Estado ecuatoriano que suspendiera la ejecución de la sentencia contra ellos, dictada en enero de ese año por la Corte Nacional de Justicia.
El Gobierno ecuatoriano rechazó esas medidas por considerar que la CIDH carece de competencias para dictarlas.
Villavicencio dijo hoy que su abogado Ignacio Bulín, informó al relator de libertad de expresión de la CIDH, Édison Lanza, sobre la providencia emitida el pasado martes.
Indicó que han pedido que la Comisión "ratifique y amplíe las medidas cautelares de 2014 a favor de los tres" y subrayó que si la CIDH solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, ellos consideran que también pidió que el pago de la indemnización quedara suspendido.
En la providencia publicada esta semana por Villavicencio en su cuenta de Twitter, el juez Edwin Cevallos le insta a pagar la deuda en tres días y, en caso contrario, dispone la confiscación de sus bienes.
El juez ordena también a Villavicencio presentar un balance de bienes indicando el activo y el pasivo, le prohíbe administrarlos y salir del país sin su autorización, entre otras medidas.
El abogado de Correa, Caupolican Ochoa, en declaraciones a la televisión Ecuavisa, comentó esta semana que "todo el país conoce cuál es la actitud resistente, reticente, de los procesados, que se han negado a cumplir la sentencia", por lo que consideró adecuada la resolución del juez.
Basado en el criterio de sus abogados, Villavicencio dijo hoy en una rueda de prensa que el hecho "crea un precedente jurídico nefasto porque apenas se nos notifica con el inicio de un juicio, nos notifica también con una sentencia, personalmente a mí".
Villavicencio, quien cree que hay en su contra una persecución y un intento de evitar su participación en la arena política del país, opinó que la sentencia "es un tiro en la nuca al periodismo" pues piensa que se pretende con ello silenciar voces de algunos medios de comunicación y periodistas.
Junto a Figueroa, Villavicencio, quien asegura haber denunciado supuestos casos de corrupción presuntamente cometidos en la actual y anteriores administraciones, informó de la apertura de una cuenta bancaria para recibir aportes de la ciudadanía para pagar la indemnización.
"Aunque judicialmente (…) desconocemos esta decisión del juez, impugnamos esta nueva demanda, acogemos, de la forma más hermosa, esta iniciativa de la sociedad, de los ciudadanos", dijo en referencia a la colecta que harán para pagar la indemnización.
Con información de EFE
