Se cumplió el guion previsible en Ecuador: apenas la Asamblea Nacional (Parlamento) retomó el tratamiento de una ley sobre el impuesto a la plusvalía inmobiliaria, las protestas volvieron a las calles, tal como sucedió en 2015, tras la presentación del proyecto por primera vez a la Cámara.
Se trata de la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, una iniciativa que el oficialismo defiende para acabar con la especulación y a la que se oponen sectores políticos de oposición y empresariales, así como ciudadanos de a pie.
El inicio del trámite parlamentario generó esta semana en ciudades como Quito y Guayaquil concentraciones de rechazo protagonizadas por quienes consideran que la ley será perjudicial para los ciudadanos y para el conjunto de la economía ecuatoriana.
La protestas, convocadas por redes sociales, no contaron con un respaldo masivo -en Quito fueron unas 500 personas quienes la secundaron- pero muchos asistentes manifestaron su deseo de repetirlas durante las próximas semanas, a medida que se intensifica la actividad preelectoral para los comicios de 2017.
La norma, que se estudia en la comisión de Gobiernos Autónomos del Parlamento, fue enviada el 1 de diciembre por el presidente del país, Rafael Correa, con carácter urgente, por lo que deberá ser tramitada en un plazo de treinta días, de acuerdo con la Constitución del país.
El Ejecutivo afirma en el preámbulo del proyecto que "reducidos segmentos de la sociedad han obtenido ganancias extraordinarias ilegítimas provenientes de la especulación" inmobiliaria, aspecto del que discrepan sectores políticos y económicos porque, en su opinión, el Estado no tiene potestad para determinar cuáles son las ganancias legítimas o ilegítimas.
Con información de EFE
