El anuncio llega en medio de otro destape de la retórica antiimperialista proveniente del Gobierno cubano, quien reconoce de "positivo" el impulso dado por Barack Obama a las relaciones con Cuba, pero lo cataloga de "insuficiente" e "injerencista".
El Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales (DRL) anunció esta semana una nueva convocatoria para interesados en obtener fondos para programas que promuevan cambios democráticos en materia de derechos civiles, políticos y laborales en Cuba.
El anuncio llega en medio de una campaña lanzada por el Gobierno de la isla, quien cataloga de positivos los cambios promovidos por Barack Obama, pero a la vez sostiene que son “insuficientes” e “injerencistas”.
Cuba ha criticado también con vehemencia los cursos para jóvenes promovidos por World Learning en Estados Unidos y hasta publicó el jueves una lista de 18 puntos en que enumera lo que considera debe hacer el presidente Obama antes de dejar la Casa Blanca en enero.
La propuesta llega además días despúes que el secretario de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, Tom Malinowski encabezara en La Habana la segunda ronda bilateral sobre este teme.
Tras este encuentro, el funcionario aseguró que la situación en materia de derechos humanos sigue siendo "bastante pobre" y puso como ejemplo el aumento de las detenciones arbitrarias de corta duración en el último año.
La convocatoria del Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales remite a los interesados al sitio www.grantsolutions.gov o www.grants.gov con el fin de obtener un nombre de usuario y contraseña. La fecha límite de la solicitud es el próximo 18 de noviembre.
Serán destinados $ 5,6 millones en los programas de Cuba, lo que estaría sujeto a la disponibilidad de fondos, informó el documento.
“El propósito del proceso (de selección) es permitir a los solicitantes la oportunidad de presentar ideas de programas para promover los derechos civiles, políticos, y los derechos laborales en Cuba, internacionalmente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales”, dijo el texto de la convocatoria donde se explica además que ésta es la primera fase de un proceso que consta de dos etapas.
La selección determinará “qué propuestas serán financiadas, de acuerdo a la aprobación y la disponibilidad de fondos”.
Los proyectos deberán apoyar derechos y principios consagrados universalmente, entre ellos la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial; el derecho a la intimidad; la libertad de movimiento dentro de su país; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Otros temas son el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como la prohibición de obligar a un individuo a integrarse en una asociación en contra de su voluntad, el derecho a participar en el gobierno.
Por último, otro tema priorizado es el derecho al trabajo en condiciones de dignidad con una remuneración justa y el derecho a formar y afiliarse a sindicatos para la protección de los intereses de los trabajadores.
La convocatoria reconoce que “el gobierno cubano no respeta los derechos universales anteriores, en particular la libertad de expresión, mediante la limitación de los periodistas independientes y los medios de comunicación, la censura y límites el acceso a internet", entre otros.
A la vez, advierte que “el gobierno se niega a reconocer a los grupos no gubernamentales de derechos humanos y no les permite funcionar legalmente”. También impide que los trabajadores formen sindicatos independientes.
“Los programas de DRL en Cuba tienen como objetivo fortalecer la capacidad de la sociedad civil independiente para promover los derechos e intereses de los ciudadanos cubanos, y ayudar a superar las limitaciones impuestas por el gobierno cubano en los ciudadanos en temas civiles, políticos, laborales y religiosos derechos”.
Además busca promover la defensa de derechos de “poblaciones más vulnerables, personas marginadas o en situación de riesgo”.
“Las actividades deben tener un potencial de impacto a corto plazo o conducir a reformas sostenibles a largo plazo”, aclaró la convocatoria, que instó a presentar “enfoques creativos”.
Se advierte que “todos los programas deben cumplir con las regulaciones financieras federales y hacer hincapié en enfoques para el seguimiento y la evaluación del impacto de la medida en la isla.
Las modalidades que eventualmente serán financiadas incluyen entre otras:
Ayuda de la organización de la sociedad civil cubana para mejorar la gestión, la planificación estratégica, la sostenibilidad y la colaboración de los grupos de la sociedad civil locales, tales como grupos de trabajo, grupos de derechos civiles y políticos, grupos juveniles, y los defensores de la libertad religiosa, y que fomenten la participación de las poblaciones marginadas.
La creación de capacidad dentro y fuera de la isla, entre ellas becas de corta duración en el extranjero.
El acceso a software que sea fácilmente accesible en una sociedad abierta, o la adaptación de dicho software para el entorno tecnológico de Cuba.
Mecanismos de asistencia diseñados para proporcionar a la sociedad civil independiente cubana herramientas, oportunidades y capacitaciones que las contrapartes de la sociedad civil en las sociedades abiertas pueden acceder.
La incorporación de la sociedad civil cubana independiente a las iniciativas, foros y coaliciones lideradas por sus homólogos regionales y globales de la sociedad civil.
Aumentar el acceso a la información sin censura dentro de la isla.
