En EEUU, los anuncios de Greg Abbott plantean preguntas, muchas de las cuales por ahora no tienen respuestas; y revive la ley antiinmigrante de Arizona SB 1070; cuyas partes clave fueron prohibidas por la Corte Suprema de Justicia.
El anuncio hecho la semana pasada por el gobernador de Texas, Greg Abbott; que implementará un plan migratorio en la frontera sur que incluye seguir con la construcción del muro iniciada durante el gobierno de Donald Trump; y arrestar a extranjeros sin estatus legal de permanencia en EEUU; generó preguntas, para algunas de las cuales hay respuesta publicó Univisión.
El Político
Las preguntas surgen en EEUU: ¿Hasta dónde llega la autoridad estatal para ejecutar una ley federal? ¿Bajo qué argumento legal se producirían las detenciones de presuntos extranjeros indocumentados? ¿Bajo qué cargos serán arrestados? ¿Y puede Abbott seguir construyendo un muro y que lo pague el gobierno federal?
El miércoles, Abbott anunció que utilizará $250 millones de fondos estatales para el muro y pidió ayuda a colabores privados para reunir más dinero. Pero a pesar del ruido que genera el plan, todavía quedan muchas preguntas que responder.
Estas son las claves del plan del gobernador de Texas, un estado gobernado por un republicano, crítico de la política migratoria del gobierno de Joe Biden y defensor de la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
Indignación en EEUU
“En respuesta a la negligencia del gobierno federal hacia todas las personas que viven a lo largo de la frontera, la gente que lidia con las consecuencias de la propagación de las drogas como el fentanilo, Texas intervendrá y tomará más medidas que cualquier otro estado haya tomado para responder a estos desafíos en la frontera”, señaló Abbott, en nota publicada por Los Angeles Time.
“Los contribuyentes de Texas han tenido que intervenir para que nosotros como estado podamos proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.
La senadora estatal Jane Nelson, presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, dijo en la conferencia de prensa que los 250 millones de dólares en dinero estatal, a los que Abbott se refirió como un pago inicial, se estaban asignando como fondos autorizados por órdenes de emergencia. No especificó de dónde procedía originalmente ese dinero, pero en una carta publicada por la oficina del gobernador, Abbott dijo que vendría del presupuesto del Departamento de Justicia Criminal de Texas.
