Las sanciones de Estados Unidos impuestas al régimen de Nicolás Maduro tienen en jaque al gobierno nacional en tema económico y financiero. La nueva medida prohíbe a los “bonistas” negociar con los encargados de Nicolás Maduro, ya que por ser funcionarios incluidos en las sanciones norteamericanas traería graves consecuencias penadas.
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Maduro pidió a los tenedores de bonos venezolanos reunirse con el vicepresidente Tareck El Aissami, uno de los sancionados por la Casa Blanca, en Caracas el próximo 13 de noviembre para hablar sobre el tema de la reestructuración de la deuda de cerca de 60.000 millones.
El vocero del Departamento del Tesoro de EEUU informó que los inversionistas pueden viajar a la capital del país, siempre que lo hagan con cautela y precaución, asegurándose de que no se apliquen transacciones o acuerdos de manera directa o indirecta con algún individuo de la lista.
A pesar de esta aclaratoria, según la agencia Bloomberg, de todos modos las sanciones prohíben a los acreedores comprar nuevas deudas si tienen un vencimiento superior a 30 o 60 días, dependiendo del emisor, por lo que no podrían participar en una reestructuración a menos que esté autorizada por el Tesoro.
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Sin embargo, la negativa por parte de los acreedores ante la propuesta de Maduro ya estaba latente, ya que temen que las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela puedan afectarles. Por otra parte, viajar a Venezuela no es una opción para llevar a cabo la reunión por los problemas que abundan en el país, como la inseguridad.
Las sanciones fueron aplicadas a todos los ciudadanos y residentes de manera permanente de los EEUU, independientemente de dónde se encuentre, todas las personas y entidades dentro de la nación nortemericana y todas las entidades incorporadas al país, asi como sus sucursales en el extrajero. La pena para quien viole esta normativa puede incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 10 millones de dólares.
Con información de Venezuela Al Día
