La Administración de Donald Trump quiere dar los primeros pasos legales para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que comience el descanso legislativo de abril, informaron fuentes oficiales.
Redacción El Político
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, señaló a la cadena financiera CNBC que se espera notificar formalmente la decisión de comenzar a revisar ese tratado antes de que el 10 de abril el Capitolio suspenda sus actividades legislativas durante dos semanas, reseña EFE.
Trump ha venido atacando el TLCAN desde la campaña electoral, y al llegar a la Casa Blanca representantes de su gobierno han dejado claro que la revisión de ese tratado, que vincula a EEUU con México y Canadá, será la principal prioridad en materia comercial.
México y Canadá renegocian en TLCAN
Ross se hizo eco hoy de un borrador de un documento al que ha tenido acceso The Wall Street Journal (WSJ) y que fija en términos generales los puntos en los que basará la Administración de Trump su revisión del tratado.
El alto funcionario dijo que ese documento es un borrador de carta que debe ser enviada a instancias del Congreso antes de que se notifique formalmente a comités del Senado y de la Cámara de Representantes que se hará una revisión del tratado.
"Esperamos que esto pueda suceder antes del descanso (legislativo) de primavera", agregó Ross. El Congreso entrará en receso el 10 de abril y se espera que reanude sus sesiones a partir del 24 de ese mes.
Trump se preocupa por TLCAN y podría acelerar su negociación
A partir de la notificación formal, el Gobierno de Estados Unidos tiene un período de 90 días antes de que pueda iniciar formalmente las negociaciones para revisar el TLCAN, y si se cumplen las previsiones de Ross esa etapa comenzaría en verano.
El documento al que tuvo acceso el WSJ fija una serie de puntos, en términos generales, sobre lo que intenta hacer Trump en su revisión del TLCAN y, en principio, las intenciones son menos radicales de lo que se esperaba.
Entre otros temas, el borrador abre la posibilidad de que los países miembros del tratado puedan aplicar aranceles en caso de que exista un flujo de importaciones que pueda generar "graves daños o la amenaza de graves daños" a su industria nacional.
