El Gobierno de los Estados Unidos sancionó a la juez y al fiscal venezolanos, involucrados en el enjuiciamiento de los seis ejecutivos estadounidenses conocidos como los “6 de Citgo”.
El Político
Los 6 ejecutivos estadounidenses eran directivos de Citgo, empresa filial de PDVSA. En noviembre de 2017 los convocaron a Caracas bajo engaño para encarcelarlos en Venezuela. Posteriormente fueron sometidos a un juicio espurio y sentenciados en noviembre de 2020.
En razón de estos hechos el Departamento del Tesoro sancionó la la juez que presidió el juicio Lorena Carolina Cornielles Ruiz. También sancionó a Ramón Antonio Torres Espinoza que fue el fiscalre presentante del ilegítimo régimen de Maduro.
Estos dos funcionarios desempeñaron un papel fundamental en los juicios de cada uno de los ejecutivos de Citgo.
"Estos procedimientos se vieron empañados por la falta de garantías procesales y se basan en motivaciones políticas, además se negó el acceso a los juicios a los medios de comunicación y a los grupos de derechos humanos", apunta el comunicado del Gobierno de EEUU.
Estos seis hombres y sus familias ya han sufrido bastante. Es hora de que Maduro libere a los 6 de Citgo y permita que se reúnan con sus familias.
Comunicado del Departamento del Tesoro
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la juez Lorena Carolina Cornielles Ruiz y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, los funcionarios del gobierno venezolano que presidieron e procesaron el juicio y la sentencia de seis estadounidenses en noviembre de 2020 en Venezuela. Los seis estadounidenses, conocidos como los “6 de Citgo”, son ejecutivos de Citgo que fueron encarcelados injustamente en Venezuela en noviembre de 2017 tras ser llevados a Caracas con argumentos engañosos. Los procesos judiciales contra cada uno de los ejecutivos se basaron en cargos que responden a motivaciones políticas y estuvieron marcados por la ausencia de garantías de juicio justo. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, a los que se negó el acceso a los juicios, denunciaron el trato que se dio a los ejecutivos.
“La detención y condena injustas de estos seis estadounidenses son otra demostración más de que la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y tomar medidas contra quienes contribuyen a que el régimen ilegítimo de Maduro usurpe el poder en Venezuela”.
Esta personas han sido designadas por aplicación del Decreto Ejecutivo (Executive Order, E.O.) 13692, con sus modificaciones.
Lorena Carolina Cornielles Ruiz
Lorena Carolina Cornielles Ruiz (Cornielles) es juez de la Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo venezolano alineado a Maduro, que presidió el juicio de los 6 de Citgo. Cornielles finalmente condenó a cada una de estos seis estadounidenses por cargos de corrupción y les impuso penas de entre ocho y trece años de cárcel.
Ramón Antonio Torres Espinoza
Ramón Antonio Torres Espinoza (Torres) es un fiscal especializado en temas de corrupción del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. Torres fue el principal fiscal que representó al régimen de Maduro durante el juicio de los 6 de Citgo.
En el día de hoy, se designó a Cornielles y Torres conforme a la Orden Ejecutiva 13692, por su rol como funcionarios en ejercicio o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a las personas designadas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que estén dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones contra personas físicas y jurídicas, incluidas aquellas designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13692, que adopten medidas concretas y genuinas para dejar de prestar asistencia al régimen ilegítimo de Maduro, incluso a los organismos del Gobierno de Venezuela que apoyan a Maduro.
