El Gobierno de Estados Unidos exigió a sus fiscales mayor dureza al perseguir delitos de drogas sin importar si el acusado es un capo del narcotráfico o un toxicómano, un cambio que rompe con las políticas adoptadas bajo el mandato del expresidente Barack Obama.
El fiscal general, Jeff Sessions, fue el encargado de proclamar las nuevas medidas con un memorándum que envió a los más de 5.000 fiscales federales para explicarles que, a partir de ahora, deben pedir la pena máxima para los acusados por delitos de droga y olvidar las directivas del Gobierno de Obama.
"Las recomendaciones de pena y de sentencia son responsabilidades fundamentales para cualquier fiscal", dijo Sessions en un discurso en el Departamento de Justicia.
"Confío en que nuestros fiscales tomen buenas decisiones. Merecen que les quitemos los grilletes y que no les dirijamos desde Washington. Por el contrario, se les debe permitir aplicar la ley sobre los hechos de cada investigación", añadió Sessions ante un grupo de miembros de una asociación de policías de Nueva York que reúne a 13.000 sargentos.
Lea también: Migración centroamericana a México y EEUU debe afrontarse como crisis humanitaria
Las medidas de Sessions revierten un memorándum de agosto de 2013 del exfiscal general Eric Holder (2009-2015) que permitía a los abogados del Gobierno ser más flexibles a la hora de pedir las sentencias de aquellas personas acusadas delitos de drogas no violentos que pudieran recibir penas de prisión excesivas.
Esa medida solo beneficiaba a los acusados que cumplían algunos criterios, como no pertenecer a una banda o a un cartel de la droga y, de esa forma, podían recibir menores condenas de prisión.
El propio Holder respondió a su sucesor en un comunicado, en el que avisó que la nueva iniciativa aumentará la ya alta población carcelaria del país y obligará al Departamento de Justicia a "gastar un tercio de su presupuesto en encarcelar a la gente, en vez de en prevenir, detectar e investigar el crimen".
"Esta no es una política dura con el crimen, es una política tonta con el crimen. Es un enfoque con motivos ideológicos, cortado por el mismo patrón que ha demostrado que generar sentencias injustamente largas que se aplican indiscriminadamente poco hacen para mejorar la seguridad pública a largo plazo", afirmó Holder.
En su carta, Holder se refirió al esfuerzo que llevó a cabo el Gobierno de Obama y un grupo de legisladores republicanos y demócratas para impulsar una reforma penal destinada a acabar con la saturación de las cárceles federales y con la ley de sentencias mínimas, aprobada en 1986 por el Congreso.
Esa ley de 1986 sirve de guía para juzgar actualmente los delitos de drogas en EE.UU. y establece que personas acusadas de menudeo podrían ingresar durante años en la cárcel, ya que la fiscalía recomienda una pena fija sin importar si es la primera vez que se comete el delito o si se incautó una pequeña cantidad de droga.
Los cambios en la legislación de drogas a nivel federal y estatal se aprobaron en la década de 1980, cuando Estados Unidos vivía una gran epidemia de crack, se extendió el consumo de heroína y el propio Sessions se encargaba de perseguir esos delitos como fiscal en su estado natal de Alabama.
La iniciativa de Sessions resucita la llamada "guerra contra las drogas" y cumple con la promesa que hizo Donald Trump durante la campaña de implementar una política de mano dura que acabe con el narcotráfico y las bandas, un fenómeno que el Gobierno ha asociado con la inmigración irregular.
El rechazo ha sido automático por parte de grupos defensores de los derechos civiles como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que afirma que la iniciativa sumergirá en "un circulo vicioso de encarcelamiento" a millones de personas, especialmente afroamericanos e hispanos.
Lea también: Diferida deportación de mexicana refugiada en iglesia de EEUU
Debi Campbell, condenada a 18 años de cárcel por vender metanfetaminas, sintió hoy que alguien la había "despertado" en algún momento del pasado, según dijo a Efe.
En 1984, Campbell fue condenada a 8 años y 7 meses de cárcel de acuerdo con la ley de sentencias mínimas debido a que había estado vendiendo mentanfetaminas en las calles para poder costearse su adición, un mal que le llevó a la cárcel y le hizo perder la custodia de dos de sus cuatro hijas.
"Era adulta, sabía lo que estaba haciendo, pero no necesitaba tanto tiempo en la cárcel para aprender la lección", afirmó Campbell, de 62 años y que ahora aboga por un cambio penal como parte de la organización Familias Contra las Sentencias Mínimas (FAMM, por su sigla en inglés).
Grupos como FAMM alertan de que la medida de Sessions incrementará las tasas de encarcelamiento y beneficiará a las grandes compañías carcelarias de EE.UU., como Corrections Corporation of America (CCA) y GEO Group, que incrementaron sus valor bursátil tras la victoria de Trump en noviembre.
El propio Gobierno de Trump acabó en febrero con una directiva de Obama para no renovar los contratos con las cárceles privadas con el objetivo de prescindir de esas instalaciones en un futuro próximo.
La población carcelaria de Estados Unidos es una de las más grandes del mundo, tanto en número total como en índice por cada 100.000 habitantes, algo que con la política de Obama se atemperó.
Fuente: EFE
