El asesinato de siete personas en ejecuciones extrajudiciales y otras tantas heridas a manos de cuerpos de seguridad del Estado ocurridas el lunes en el kilómetro 16 de El Junquito, municipio Libertador, en Caracas, constituye una de las violaciones más flagrantes a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Este hecho, en el que fueron víctimas ex funcionarios de seguridad del Estado y otros civiles que se alzaron en armas contra el Gobierno nacional, ha sido merecedor del repudio nacional: un gesto en el que no podía faltar la voz de la ONG Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo), que no dejó de manifestar su preocupación por el hecho.
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— El Político (@elpoliticonews) January 17, 2018
La organización hizo pública su posición a través de un comunicado en el que consideran que estos hechos deben aclararse de manera independiente, inmediata y conclusiva, conforme al debido proceso, dado que los derechos humanos son una obligación ineludible e intransferible del Estado que no puede estar supeditada al tipo de delito que se enfrenta.
“Los delitos más graves, como el terrorismo o el narcotráfico, en un Estado democrático, deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado”, argumentaron.
De acuerdo con el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, en el procedimiento “fueron abatidas siete personas, entre las que figura el ex-inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez”.
Historial de un Estado ejecutor
Cofavic registra en el periodo de enero de 2012 a marzo de 2017 un total de 6385 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Explican que, en los últimos años, un 49% de estos casos se han dado en operativos especiales. Por cada caso existe un promedio de 32 presuntos funcionarios o más actuantes, y en el caso del número de víctimas el promedio es de 8 personas por hecho, precisan.
“Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información”.
Entre los patrones de actuación identificados por la organización en los operativos realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado a grupos civiles armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y policial, destacan:
1. Irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada.
2. Destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias.
3. Posterior hostigamiento policial y militar en las zonas del operativo, lo que ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.
Por eso Cofavic pide “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial” sobre estos hechos para que el Estado establezca las responsabilidades que sean pertinentes.
