El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, envió hoy al Parlamento un paquete de reformas legislativas orientadas a adecuar las leyes y códigos para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad en el país.
Las reformas también tienen como fin el fortalecimiento y efectividad de la Política de Seguridad del Estado de Honduras, subraya un comunicado de la Casa Presidencial.
La iniciativa implicará reformar, derogar o añadir párrafos de varios artículos del Código Penal contra delitos como el de la extorsión, que ha crecido en el país.
El Ejecutivo también propone ajustar el tipo penal de terrorismo, de manera que se tipifique así cualquier acto que conlleve a atemorizar o infundir temor en la población.
Otras reformas se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por los privados de libertad, lo mismo que sobre intervenciones telefónicas de modo que las compañías que los brindan puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.
También se pide al Parlamento la derogación de varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal del país, y establecer tres tipos de régimen ordinario para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los presidios.
Se propone además, crear una Academia Nacional Penitenciaria con el fin de profesionalizar agentes y otros servidores; establecer un proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad para evitar su reincidencia en el delito y reducir el hacinamiento en los centros penales mediante traslados a otras prisiones.
Otras reformas son para impedir que los reos tengan acceso a todo tipo de informaciones y comunicación a través de terceros, entre ellos las visitas, y crear "un programa de ocupación comunitaria, educativa y productiva de manera que se reduzca a cero el ocio de los privados de libertad mediante actividades obligatorias".
Además, se regularía el beneficio de preliberación que actualmente es otorgado automáticamente cuando los reos cumplen algunos requisitos, como el de buen comportamiento, por ejemplo.
El Gobierno de Honduras que preside Juan Orlando Hernández también ha puesto en marcha, desde 2016, un programa de cárceles de máxima seguridad a las que están siendo remitidos los reos considerados de alta peligrosidad.
El sistema penitenciario de Honduras está constituido por unas 24 cárceles, en las que en su mayoría impera el hacinamiento.
Esas prisiones tienen una capacidad para unos 8.000 reos, pero su población supera los 14.000, según fuentes oficiales.
Con información de EFE
