El informe preliminar del Centro Carter revela que a pesar de haberse dado algunos “pasos positivos” con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la integridad del organismo fue socavada por la injerencia del régimen de Nicolás Maduro.
El Político
Así se desprende del informe preliminar de la Misión Internacional de Expertos Electorales sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela.
“Las elecciones han tenido lugar en un contexto general de crisis socioeconómica y humanitaria, agravada por la pandemia del COVID 19, patrones de represión política, restricciones severas a los derechos de participación política y libertad de expresión, ventajismo manifiesto del gobierno y desigualdad de condiciones”, señaló el Centro Carter, reportó PrimerInforme.
La organización destacó que “la inclusión de personas vinculadas a la oposición como rectores del CNE abrió la puerta a una mayor confianza en la posible independencia y credibilidad del organismo.
Al mismo tiempo, genera un comportamiento que brinda mayor previsibilidad de las reglas de la competencia, mayores garantías para el electorado y los partidos de la oposición y demuestra más independencia”.
El Centro Carter también evidenció la farsa electoral del régimen madurista https://t.co/GqiYEhTU5q
— Casto Ocando-Primer Informe (@cocando) December 4, 2021
Injerencia política del régimen de Maduro
Sin embargo, la misión del Centro concluyó que “a pesar de estos pasos positivos, la injerencia política y gubernamental socavaron el CNE.
Además, las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas”.
Exclusión de muchos candidatos
La organización electoral denunció que los comicios estuvieron marcados por “la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición y la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas".
También evidenció un contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos.
Puso como ejemplo de esta intromisión del Tribunal Supremo de Justicia en el proceso electoral la decisión de la Sala Electoral de suspender la totalización de los votos para la gobernación de Barinas y convocar nuevas elecciones para el 9 de enero 2022, invocando la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano.
Retrasos en la apertura de las mesas de votación y su cierre
El Centro Carter también documentó que “observadores nacionales e internacionales desplegados el día de las elecciones notaron retrasos en la apertura de las mesas de votación y su cierre, abusos del mecanismo del voto asistido, “puntos rojos” en la cercanía de varios recintos de votación”.
