Enrique Peña Nieto entra en la recta final de su mandato bajo el signo de los recortes. La promesa de un crecimiento al 5%, aquella esperanza de una explosión económica detonada por las reformas estructurales, ha quedado definitivamente enterrada. El proyecto de presupuestos para 2017, el último año de mandato completo del presidente, certifica esta defunción. El Gobierno mexicano ha previsto un recorte en el gasto público de 239.000 millones de pesos (13.100 millones de dólares) para hacer frente a lo inevitable: el fin de la era del petróleo.
La austeridad amargará el final del mandato de Peña Nieto. La tala iniciada en 2015 no ha hecho más que ganar terreno. Si aquel año el recorte fue de 124.000 millones de pesos (7.000 millones de dólares), en 2016 ascendió a 169.000 millones y ahora prácticamente duplica la cifra de partida. Esta tendencia ha venido acompañada de un enfriamiento de las expectativas. Desde que Peña Nieto asumió la presidencia, México no ha alcanzado la velocidad prometida, y ya no es probable que lo consiga. Los propios cálculos gubernamentales sitúan el aumento para 2017 en un optimista 2,5%.
No es un mal resultado en comparación con las turbulencias que sacuden Latinoamérica. Lejos de la recesión de Brasil y Argentina, muestra que México mantiene su envidiada estabilidad. Pero también refleja que el potente paquete de reformas estructurales que en 2012 y 2013 hizo aplaudir al planeta no ha logrado quebrar el círculo vicioso que le mantiene desde hace tres décadas con un crecimiento medio inferior al 2,5%, una tasa demasiado endeble para enfrentarse a su mayor problema: la pobreza.
Disipada la euforia inicial, ha llegado la hora de hacer cuentas con la realidad. Y en un país con el 60% de la población sin seguridad social ni derecho a pensión, los recortes sólo traen más dolor. “En 2013, el Gobierno adoptó una política fiscal blanda, con un aumento del gasto público, en la creencia de que las reformas estructurales iban a traer crecimiento. Pero no ocurrió así; los cambios no han dado el resultado que el Ejecutivo publicitó; deberíamos estar creciendo al 4% y apenas rozaremos este año el 2%. Ante el desfase, han llegado los recortes. Se trata de poner el gasto en línea con el crecimiento real de la economía”, señala Raúl Feliz, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
México no ha estado solo en esta implosión. Han sido meses de fuerte volatilidad de los mercados globales. Fenómenos tan amenazadores como Donald Trump, el Brexit o la propia recuperación de los tipos de interés estadounidenses han disparado la desconfianza y puesto contra las cuerdas al peso, la moneda más líquida de los países emergentes. En este escenario de debilidad, la crisis del crudo ha acabado por romper todas las defensas. Un impacto frontal que Pemex, la gran petrolera estatal, la compañía madre que durante décadas mantuvo la ficción del bienestar mexicano, ha sufrido como ninguno. Si hace cuatro años, aportaba el 40% de los ingresos públicos, ahora apenas alcanza el 15%. Y en el horizonte no se ve ningún signo de mejora. Con 150.000 empleados y 100.000 jubilados a su cargo, su tecnología ha entrado en decadencia y su capacidad de extracción es menguante. Los propios presupuestos consignan para el año que viene una producción de sólo 1.928 millones de barriles al día, la cifra más baja desde 1980.
Pese a esta asfixiante situación, resumida en unas pérdidas de 40.000 millones de dólares en 2015, Pemex ha sido elegida para soportar el grueso del recorte, concretamente el 42% del ajuste, más de 100.000 millones de pesos (5.600 millones de dólares). Una decisión que, en plena apertura del mercado petrolero mexicano a la competencia del capital extranjero, no deja de levantar suspicacias. “El recorte pone en peligro la viabilidad económica de Pemex. El Gobierno apuesta a que las inversiones vengan del sector privado, pero eso está por verse”, señala Feliz.
Tampoco salen mejor librados los otros pilares de la reducción presupuestaria. Son áreas de enorme sensibilidad social, entre las que figuran Educación e Infraestructuras (1.700 millones de dólares cada uno), Agricultura (1.400 millones), Medio Ambiente (1.186 millones) y Salud (813 millones). “El recorte es inevitable después del impacto petrolero, pero apunta en la dirección equivocada. Daña áreas que no se deberían tocar, que son de futuro, y dejan la inversión pública, con un 2,8% del PIB, en su nivel más bajo en 50 años”, explica Gerardo Esquivel, profesor-investigador del Colegio de México.
En este cuadro crepuscular, una de las pocas alegrías que se permite el proyecto de presupuestos procede de la fiscalidad. El Gobierno prevé recaudar el año próximo 148.000 millones de dólares, un 9,7% más que el año anterior. Y sin impuestos nuevos. “Es un pronóstico exagerado. Y hace temer un nuevo recorte en caso de que no se cumpla”, apunta Feliz.
El encargado de sortear los escollos será José Antonio Meade. El secretario de Hacienda acaba de sustituir al todopoderoso Luis Videgaray, fulminado esta misma semana por haber orquestado la desastrosa reunión del presidente con Trump. El nuevo ministro, un clásico de la política económica mexicana que ya ocupó la cartera con Felipe Calderón, tendrá que gobernar un barco cuyo rumbo no trazó él y para el que dispone de poco margen de maniobra. “Las elecciones son en julio de 2018 y la herencia que le dejan es mala. El crecimiento ha sido mediocre, el gasto público es de pésima calidad y la deuda ha subido 13 puntos y ya supera el 50% del PIB”, señala Esquivel.
La recta final de Peña Nieto se vislumbra difícil. Los pronósticos no son buenos. Y de momento, la promesa de un crecimiento lo suficientemente fuerte que permita sacar de la pobreza a los 53 millones de mexicanos que la sufren ha entrado en el territorio de los imposibles. Un sueño que corresponderá a otros cumplir.
Con información de El País
