Ecuador ha encontrado en el Grupo de los 77 cuya presidencia acaba de asumir, un instrumento idóneo para impulsar su lucha contra los paraísos fiscales, una batalla encabezada por su presidente, Rafael Correa, quien se declara firme defensor de la justicia social.
A pocos meses de dejar el poder, al que llegó hace diez años, el mandatario abandera una lucha que ha planteado ya ante las Naciones Unidas y que ahora pretende intensificar desde la presidencia del Grupo de los 77, también llamado G77 más China, el bloque más numeroso de la ONU, formado por 134 países.
Para el Gobierno ecuatoriano, no es justo que unos pocos acumulen la mayor parte de la riqueza disponible en el mundo mientras millones de personas viven en la más absoluta miseria, por lo que considera que lograr una justa distribución de la riqueza es una obligación ética ineludible.
La organización Oxfam aporta datos relevantes en este sentido, al denunciar que ocho personas acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir 3.600 millones de personas, por lo que sostiene que "la brecha entre ricos y pobres es mucho mayor de lo que se temía".
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En ese contexto y, al hilo de las revelaciones de los papeles de Panamá, el Gobierno ecuatoriano se ha lanzado a la batalla de erradicar los paraísos fiscales, al menos en Ecuador, por considerarlos uno de los peores enemigos de los países pobres.
"Solo en Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto a la renta que les corresponde", señaló Correa hace pocos días, al asumir la presidencia del G77 en la sede de la ONU.
En su empeño, el gobernante ha llegado a proponer una consulta popular que coincidirá con la jornada de elecciones del 19 de febrero para que los ecuatorianos digan si aceptan que los servidores públicos posean bienes o dinero en paraísos fiscales, algo que algunos políticos se han tomado como un ataque personal.
Es el caso del candidato presidencial conservador Guillermo Lasso, del movimiento CREO, quien asegura que esa consulta popular tiene una "dedicatoria" hacia él y pretende hacerle daño político, al tiempo que defiende la legalidad del banco que posee en Panamá que, según asegura, paga los impuestos correspondientes y está sometido a la regulación de la Superintendencia de Bancos.
Para el gobernante, sin embargo, la iniciativa de la consulta popular tiene todo el sentido, pues, aunque pueda ser legal contar con posesiones en paraísos fiscales, en su opinión no es correcto desde el punto de vista ético.
La propuesta, de otro lado, tiene una significativa importancia, según Correa, pues de prosperar, Ecuador se convertiría en el primer país del mundo donde "democráticamente se prohíbe" a los cargos de elección popular tener propiedades en paraísos fiscales.
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Ello enlaza con la designación del país andino como nación que preside el G77, lo que "demuestra el prestigio" de la nación en el contexto internacional, en opinión del gobernante. "El mundo nos está observando", aseguró este viernes en una entrevista en la que destacó que no se trata de una presidencia de turno, sino del reconocimiento a los méritos del país.
Mas aún: el Ejecutivo quiere resultados concretos en esta pelea y propone la creación de un organismo tributario en Naciones Unidas, porque considera "grosero" el nivel de desigualdad reinante hoy en el mundo, por lo que exige "un cambio fundamental en el modelo económico" mundial.
Tal vez los papeles de Panamá hayan actuado como catalizador de esta lucha liderada por el Gobierno de Ecuador, país donde en los últimos años, 280 personas han movido unos 30.000 millones de dólares hacia "paraísos fiscales", según un informe del fallecido legislador Fausto Cayambe.
Con información de: EFE
