Entre rumores de conspiraciones y alzamientos, el Gobierno arrestó a decenas de mandos intermedios de la Fuerza Armada y al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, jefe de inteligencia de Chávez durante una década. Las causas y los posibles efectos de una crisis que puede ser letal para el régimen.
Por Darío Mizrahi / Infobae
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Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 con una escasísima legitimidad. Lo único que lo avalaba era haber sido elegido como sucesor por Hugo Chávez. Pero su condición de civil en un gobierno encabezado por militares, su falta de liderazgo y el ajustado triunfo en las elecciones presidenciales le dejaban un mínimo margen de maniobra.
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Consciente de que en esas condiciones corría riesgo la gobernabilidad, sobre todo en el contexto de una crisis económica cada vez más aguda, Maduro tomó la decisión que le permite mantenerse en Miraflores cinco años después: entregarle todo el poder a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Los sectores más sensibles de la administración, como la alimentación, la seguridad y el petróleo, están hoy bajo el control directo de los militares. Uniformados de distintas fuerzas pasaron a ocupar un tercio de los ministerios y casi la mitad de las gobernaciones. Por la política de promociones indiscriminadas a cambio de apoyo político, la FANB cuenta ya con cerca de 2.000 generales, más del doble que Estados Unidos.
Sin embargo, la debacle política y económica que atraviesa el país está empezando a conmover las bases de esa sólida alianza entre Maduro y la oficialidad. Tras varias semanas de versiones que señalaban un malestar creciente en los cuarteles, el Presidente ordenó el 28 de febrero expulsar a 24 miembros de la FANB. La causa, “haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación”.
Todos ellos ya estaban detenidos o exiliados. La figura más importante es el general Raúl Isaías Baduel, que fue ministro de Defensa de Chávez y que está preso desde 2009, luego de haberse vuelto crítico del comandante por su intento de eternizarse en el poder. Otro es el capitán Juan Caguaripano, capturado el año pasado luego de liderar un alzamiento en el Fuerte Paramacay.
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El 2 de marzo fueron apresados nueve militares activos, entre ellos seis tenientes coroneles que estaban al frente de distintos batallones. El Gobierno los acusa de haber formado un grupo insurrecto, el Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo. “El año pasado también enjuiciaron a varios generales, pero eran en su mayoría de la Fuerza Área. En cambio, estos casos son más relevantes porque se dan dentro del Ejército, que es el componente más importante de la FANB. Que se registre este descontento al nivel de mando de tropa es un problema serio”, explicó la antropóloga Francine Jácome, investigadora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, consultada por Infobae.
El arresto más resonante se produjo el 13 de marzo, cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se llevó a Miguel Rodríguez Torres. Compañero de armas de Chávez desde el fallido golpe de 1992, fue su jefe de inteligencia durante casi una década y ejerció como ministro de Interior de Maduro hasta 2014. Es uno de los máximos referentes del chavismo crítico con la administración madurista, y haber dirigido la Academia Militar le daba mucha ascendencia sobre oficiales que hoy tienen soldados a su cargo.
Después le tocó al mayor general retirado Alexis López Ramírez, ex comandante del Ejército y ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación. Su caso es delicado, porque se lo llevaron de su casa el 15 de marzo y desde ese momento se desconoce su paradero. Apenas 24 horas antes de su secuestro se había solidarizado con Rodríguez Torres. “Todo pasará y Venezuela recuperará el carácter republicano que nos legó Bolívar y la democracia que tanto esfuerzo, sufrimiento y sangre nos costó consolidar”, escribió en su cuenta de Twitter.
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Tras haber sido muy cercano a Chávez, cayó en desgracia en 2007, cuando se peleó con el líder y lo acusaron de corrupción en el marco del Plan Bolívar 2000, en el que se vendía comida a precios subsidiados. Sin embargo, permanecía en libertad hasta esta semana. “Las detenciones son unas de las últimas cartas que el Gobierno emplea para emitir una señal de dureza, de no permitir la disidencia y las críticas. Por ello arrestó a cuadros altos muy cercanos a la revolución y a Chávez en sus orígenes, como Rodríguez Torres y otros más que representan un sector crítico o revisionista del
chavismo, que se aparta y cuestiona cómo se ha manejado al país”, dijo a Infobae José Antonio Rivas Leone, politólogo y especialista en Fuerzas Armadas, profesor del Centro de Investigaciones de Política Comparada en la Universidad de Los Andes Mérida.
Esta es la mayor purga de la que se tenga registro en los últimos 15 años. Si había alguna forma de golpe de Estado en ciernes, el régimen parece haber contenido la crisis a tiempo, al menos por ahora. Pero la grieta que se abrió en el bloque de poder que lo sostiene despierta mucha incertidumbre sobre su futuro.
Una crisis sin precedentes
“Desde que Maduro llegó al poder, cada año se informa de algún tipo de conspiración. Pero habría que separar a todas las anteriores de esta. Los grupos que habían surgido previamente estaban compuestos por oficiales jóvenes descontentos con el proyecto político del gobierno, porque lo veían capturado por cúpulas corruptas.
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Tenían un discurso muy antipartidos y antipolítca, como el capitán Caguaripano. Esta de 2018 es la
conspiración más importante que le ha tocado enfrentar a Maduro porque tiene más estructura y logró
penetrar a unidades con mandos de grados mayores”, sostuvo Ricardo Sucre Heredia, profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, en diálogo con Infobae.
Hay dos grandes diferencias entre lo que está ocurriendo ahora y cualquier antecedente reciente. La primera es que ya no se trata de estallidos aislados, sino de un descontento que luce bastante generalizado, con voces que se alzan al mismo tiempo en distintos sectores militares. La segunda es la jerarquía de los rebeldes. Algunos eran compañeros de armas de Chávez. Otros son cuadros intermedios, pero con liderazgo sobre batallones enteros.
“Por primera vez desde 2002 la crisis política tiene una manifestación real en el sector militar. Han estado operando sobre la FANB para tratar de contenerla de diversos modos, con detenciones, con sanciones ejemplarizantes, aplicando un cortafuegos que les permita mantener a la fuerza sumisa a su gobierno. Queda por verse si a lo largo de 2018 esta situación no tiene coletazos que puedan ser mortales para Maduro y podrían implicar su salida del gobierno”, dijo a Infobae Rocío San Miguel, presidente de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
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Clíver Alcalá, ex comandante de la Red de Defensa Integral en la región Guayana y hombre de confianza de Chávez. “En estas circunstancias, donde los militares consideran el liderazgo civil incapaz de hacer frente a las arbitrariedades del gobierno, aumenta la motivación para ellos mismos imponer la razón y alzar la voz ante la desviación de las funciones gubernamentales”, afirmó en un comunicado que hizo circular esta semana desde el lugar en el que se mantiene oculto para evitar represalias.
“El Gobierno sabe muy bien que en los cuarteles hay ruido de sables —dijo Rivas Leone—. Hay descontento, hay críticas y malestar por la crisis económica, política y social. Esto se expande, se ramifica y multiplica en todos los sectores de la sociedad venezolana y el estamento militar no es ajeno. A pesar de tener ciertas prebendas y beneficios en los años de revolución, no es menos cierto que los cuadros medios y bajos sienten los efectos de la crisis como el resto de la sociedad”.
Causas y consecuencias posibles del malestar militar
“Hay varias causas. En primer lugar, la situación del país, porque estamos hablando de oficiales medios cuyas familias están, pese a los incrementos de sueldo, sufriendo una crisis de desabastecimiento y una
hiperinflación. No viven en una burbujita. El estado en el que está la tropa es sumamente grave. Todos vieron en las redes el video que muestra a soldados buscando comida en la basura. Hay denuncias internas de que no hay suficiente comida en los cuarteles. Esto está llevando a deserciones y a muchos pedidos de baja”, señaló Jácome.
No se desconocía que los estamentos más bajos de la FANB la están pasando tan mal como el resto de la
sociedad. La novedad es que el deterioro llegó a los mandos superiores, que fueron los más beneficiados por los recursos y facultades que les cedió Maduro. “Los militares ya no tienen un esquema de bonanza como el de años precedentes —dijo San Miguel—. Los incentivos para mantener la lealtad ya no son generosos y no llegan a todos. Por otra parte, no dudo que las sanciones internacionales están teniendo un importante efecto, porque el 40% de los castigados son militares. Además, están viendo cómo la comunidad internacional puede perseguirlos y juzgarlos”.
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La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en febrero que abriría un “examen preliminar” sobre la situación en Venezuela para evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia” del tribunal. La investigación apunta a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas de 2017. Lógicamente, esto preocupa a los jefes militares.
Lo interesante de todo este proceso es que, a dos meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno afronta un desafío político que no proviene de la oposición. Al haber sido excluidos de los comicios, que carecen de garantías mínimas de transparencia, los partidos políticos no oficialistas quedaron relegados a un segundo plano. Eso dejó el camino libre para que el descontento se exprese por otros canales.
“No veo a la oposición política venezolana jugando un rol determinante en el escenario de 2018. Creo que las grandes definiciones van a ocurrir entre el chavismo y el madurismo”, apuntó San Miguel. Esto significa que la continuidad de Maduro en el poder podría peligrar, pero no porque pueda perder las elecciones.
Por ahora con baja probabilidad de ocurrencia, pero va en aumento. No necesariamente tiene
que ser algo violento, pero podría darse un reacomodo autoritario”.
Sucre Heredia coincidió en que el intento de derrocar al gobierno está latente en un sector del chavismo. Pero descree de su viabilidad. “No le veo mucha posibilidad de éxito. No es fácil dar un pronóstico porque los militares son leales hasta que dejan de serlo, así que se sabrá cuando ocurra.
Pero si el Gobierno pudo desactivar este movimiento deteniendo a figuras importantes cuando el alzamiento ni siquiera se produjo, es porque su capacidad no es demasiado alta”, concluyó.
