El informe Blinken también regañó a Colombia pues mostró las debilidades relacionadas con los derechos humanos. La muerte de civiles vinculados a las guerrillas y el proceso de Paz es uno no los problemas que el gobierno de Iván Duque no ha podido resolver.
El Político
Según el informe Blinken, Colombia tiene graves problemas de violación de Derechos Humanos. Por otro lado, el documento exalta el papel de la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia transicional.
El informe destaca que las pasadas elecciones de 2018 fueron unas de las más pacíficas y agrega que es el deber de la Policía guardar el orden público y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, “miembros de las fuerzas de seguridad han cometido algunos abusos".
Algunos de los problemas más significativos en materia de Derechos Humanos incluyen:
Muertes arbitrarias o fuera de la ley
Grupos armados ilegales así como traficantes de narcóticos han sido significantes perpetradores de derechos humanos.
Los ilegales han cometido crímenes como ejecuciones extrajudiciales, extorsión, secuestro, tortura, tráfico humano, bombardeos, restricciones de la libertad de movilidad, violencia sexual. reclutamiento y uso de menores en la guerra y amenazas violentas en contra de periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos.
Tortura y detenciones arbitrarias
Agentes estatales involucrados en asesinatos de civiles, una crítica situación humanitaria en las regiones y condiciones alarmantes en las cárceles del país están entre los casos referidos en el documento.
Pero el informe Blinken también regañó a Colmbia pues está incluido en el reporte el asesinato de Javier Humberto Ordoñez, en Bogotá. En este caso, cita la autopsia que se le practicó a la víctima, la cual reveló que había muerto como consecuencia de la golpiza que le propinaron agentes de Policía.
Asesinato de campesinos
Y entre los casos específicos que cita está el del campesino Salvador Jaimes Durán, en Norte de Santander, en el que la comunidad detuvo seis soldados que identificaron como responsables del asesinato.
Violación y abuso de mujeres y niños
El documento referido a Colombia habla del reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales; criminalización y difamación; corrupción;
La violencia incluye el sealamiento de acciones contra de desplazados forzados afrocolombianos e indígenas; y violencia contra lesbianas, gay, bisexuales.
Asesinatos a líderes sociales
Solo entre enero y agosto, citando cifras del Cinep, se registraron 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales, dice el documento.
También aparece el caso ocurrido en ese mismo departamento, de Digno Emérito Buendía, que según denuncias fue asesinado por miembros de la Segunda División del Ejército en medio de un operativo de erradicación de cultivos de coca.
Falsas acusaciones
En ambos casos, el informe hace énfasis en que las autoridades militares, luego de las muertes, trataron de vincular a las víctimas con grupos ilegales, mientras las comunidades sostenían que se trataba de civiles.
Homicidios a civiles
En relación con las investigaciones sobre homicidios de civiles cometidos por la Fuerza Pública, el informe Blinken asegura que avanzan lentamente. Entre enero y agosto, la Fiscalía registró 25 nuevos casos de presuntos homicidios agravados cometidos por agentes estatales, entre 2008 y 2020.
Igualmente, también entre enero y agosto, seis miembros de las fuerzas del Estado fueron acusados formalmente de homicidio u homicidio agravado, todos por hechos cometidos en años previos.
El gobierno tomó medidas para investigar, perseguir y castigar a los oficiales que cometieron abusos en materia de derechos humanos, sin embargo algunos casos continúan experimentando dilaciones”.
Continúa el tráfico de drogas
El documento indica, además que “los grupos armados ilegales incluidos los disidentes de las Farc, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y los grupos de tráfico ilegal de drogas continúan operando.
El gobierno investigó estas acciones y persigue a los responsables en la medida de lo posible”.
El fantasma de las ‘Chuzadas’
El reporte se refirió a una práctica que en el país es ya bien conocida: la de las interceptaciones ilegales o ‘chuzadas’.
“La ley prohíbe esas acciones, pero hubo acusaciones de que el gobierno no respetó las prohibiciones. Las agencias de inteligencia gubernamentales que investigan organizaciones terroristas a veces monitorean conversaciones telefónicas sin autorización judicial”.
Como uno de esos casos, el informe incluye la denuncia que se conoció en mayo del año pasado de que miembros de inteligencia elaboraron 130 expedientes sobre políticos, jueces, exmiembros del Ejército, defensores de Derechos Humanos y periodistas.
Según las cifras del informe, en agosto la Fiscalía tenía abiertas dos investigaciones por esos hechos y la Procuraduría tenía 16 investigaciones disciplinarias en marcha.
El crítico panorama de la situación humanitaria
“El Eln, los disidentes de las Farc y otros grupos armados continuaron sembrando minas”, resalta el Departamento de Estado. Con base en las cifras de Acción contra Minas del Alto Comisionado para la Paz, entre enero y septiembre 13 personas murieron y 74 resultaron heridas.
De forma específica se refiere el documento a los asesinatos de excombatientes de las Farc. “Observadores independientes expresaron su preocupación por el hecho de que inadecuadas garantías de seguridad facilitan el asesinato de exmilitantes de las Farc”.
Desplazamiento forzado
el Departamento de Estado habla de 37.760 víctimas en 84 eventos de desplazamiento en 2019, mientras que a agosto de 2020 la cifra iba en 15.400 víctimas en 52 desplazamientos. Los departamentos con más casos: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La posible connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y actores armados ilegales también aparece referida en el informe, con base en las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos e investigadores del gobierno. Entre enero y septiembre, según la Fiscalía, nueve miembros de la Fuerza Pública fueron formalmente acusados de tener lazos con grupos ilegales.
Las condiciones en las cárceles
Un capítulo especial se llevó en el reporte la situación en las prisiones del país. Con cifras del propio Inpec, el informe habla de un 29% de sobrepoblación en las cárceles, con 106.700 presos en 132 prisiones. Igualmente, incluyó los 24 prisioneros que murieron “durante un fallido intento de escape en La Modelo, en Bogotá. Este caso tuvo lugar durante las protestas coordinadas con otras 19 cárceles que ocurrieron en aparente respuesta a las condiciones sanitarias y de salud exacerbadas por el Covid-19”. Según un informe de Human Rights Watch citado en este documento, “las muertes fueron consistentes con homicidio intencional”.
Abusos de funcionarios
El informe incluye los reportes sobre el accionar de grupos armados ilegales como el Eln, el Clan del Golfo (Agc) o las disidencias de las Farc. Buena parte del informe de siete apartados, se centra en las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a derechos humanos.
También se detalla en el informe que el abuso físico por parte de los guardias, la violencia entre prisioneros y la incapacidad de las autoridades de mantener el control fueron problemas comunes en las prisiones.
Con corte a julio, el Inpec tenía abiertas investigaciones disciplinarias contra 135 guardias por abuso y tratamiento inhumano. Igualmente, se reportaron 392 muertes en prisiones y otros centros de detención, de las cuales 37 se atribuyeron a peleas internas.
“Muchos prisioneros continuaron enfrentando dificultades para recibir atención medica adecuada. La nutrición y la calidad del agua fueron deficientes y contribuyeron a la mala salud general. Los reclusos sostuvieron que las autoridades racionaban habitualmente el agua en muchas instalaciones, lo que los funcionarios atribuían a la escasez de agua en la ciudad”.
Tambien se hizo referencia a que, según ONG, hubo un sinnúmero de denuncias de casos de violencia sexual cometidos por guardias hacia los reclusos. Pero no solamente en las prisiones. El informe resalta el caso en el que siete miembros del Ejército fueron acusados de violar a una niña indígena de 12 años en Risaralda.
La actitud del Gobierno frente a investigaciones
Según el informe, un sinnúmero de ONG denunció haber recibido amenazas por correo, a sus celulares, falsos obituarios y otras amenazas, en el marco de su labor en la investigación de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, el mismo documento resalta que “una amplia variedad de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales generalmente operaron sin restricciones del gobiern.
"Miembros del Gobierno estuvieron regularmente cooperativos y dispuestos a escuchar las preocupaciones de grupos locales de derechos humanos”.
Con corte a julio, la Fiscalía reportaba 471 investigaciones activas por amenazas a defensores de derechos humanos y hubo tres condenas durante el año en casos de amenazas a estos defensores.
Además, el informe reconoce el carácter independiente del defensor del Pueblo, que promueve y monitorea el ejercicio de los derechos humanos.
Avala la actuación de la Jurisdicción de Paz
Frente a la JEP el documento indica que la jurisdicción, que se creó en 2016 fruto del acuerdo de paz con las Farc. Considera que, “continúa dando pasos efectivos para castigar a los perpetradores de graves violaciones contra los derechos humanos en concordancia con las leyes internacionales".
Esto incluye el avance en el caso 003 de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos cometidos por la primera, segunda, cuarta y séptima división del ejército”.
Según indica el informe la JEP recibió 250 versiones voluntarias de perpetradores que “llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en Antioquia.
El 25 de julio el general retirado del ejército William Henry Torres admitió su responsabilidad en casos de falsos positivos ante la JEP y se disculpó con las familias de las víctimas”.
Sin embargo, reconoce los esfuerzos por hallar a los responsables en los casos de ‘Falsos positivos’.
Con corte a junio de 2020, la Fiscalía reportaba que 1.740 miembros de la Fuerza Pública habían sido condenados en 270 casos relacionados con falsos positivos desde 2008.
También reportaba que había investigaciones abiertas por esa práctica contra 14 generales activos y retirados y que en total había 2.286 investigaciones abiertas por falsos positivos en el país, con corte a julio del año pasado.
Esperan mejoras de los Derechos Humanos
Cada año, este detallado análisis se envía al Capitolio para que conste en el registro de las cámaras legislativas y sirva de guía para la aprobación de leyes que afecten a las relaciones exteriores del país.
El informe se elabora desde 1977 y en él se analiza la situación de los Derechos Humanos en todo el planeta. Para elaborarlo, se utiliza informes de las embajadas de EE.UU., gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales.
