Brasil se halla perdido en un laberinto político en el que, aparentemente, no encuentra salida. Hostigado por una galopante recesión y un creciente desempleo, el país, que hace solo unos años estaba destinado a ser líder indiscutido de América del Sur, convalece en estado catatónico, efecto patente del bloqueo político que le aqueja y para el que, en este momento, solo parece haber dos curas posibles: dos presidentes sin la legitimidad de un pleno respaldo popular. Esa es la realidad política a la que deberá enfrentarse después de la tregua de los Juegos Olímpicos que acabaron ayer.
Si el proceso de destitución de Dilma Rousseff prospera en la sesión del Senado que comienza el jueves, la presidenta se verá obligada a dejar el cargo a su vicepresidente y actual jefe de Gobierno en funciones, Michel Temer. Este, sin embargo, es sospechoso de beneficiarse de una trama de sobornos que afecta a la petrolera estatal, Petrobras. Es profundamente impopular, como dejó patente el sonoro abucheo al que le sometió el estadio de Maracaná en la inauguración de los Juegos. Según una reciente encuesta de Datafolha, un 60% de brasileños quiere que dimita si Rousseff es recusada.
Rousseff ganó hace dos años la reelección de forma legítima con mayoría de votos, al obtener 3,5 millones de sufragios más que su contrincante, el derechista Aécio Neves. Desde entonces, sus oponentes se han dedicado a buscar razones para forzarla a abandonar el poder. Ella cometió el error de bulto de maquillar cuentas públicas para ajustar las cifras y dio así a sus oponentes en el poder legislativo la munición que buscaban para aniquilarla políticamente.
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La presidenta ha asumido al final que no tiene opciones de retener el cargo, ya que es más que probable que dos tercios del Senado voten en su contra esta semana. Por tanto, ya pasó el tiempo de las negociaciones y el diálogo. Rousseff ha pecado de no actuar como su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, maestro en tender puentes con la oposición. Esta última, incapaz de comprender a Rousseff, ha arrastrado al país a una estrategia suicida con la única finalidad de cambiar un Gobierno.
Resulta oportuna una reciente propuesta de Rousseff para que Brasil vuelva a las urnas cuanto antes. Así lo expresó la presidenta en una carta dirigida el martes al Senado y a la nación. En ella prometió convocar un plebiscito si el Legislativo decide finalmente no recusarla. El problema es que debería reformarse esa misma Constitución, que, como en el modelo presidencial norteamericano, no contempla una repetición de elecciones antes de plazo.
Tiene razón Rousseff en que a un presidente que no ha cometido un grave delito solo puede apartarlo “el pueblo con elecciones”. Por desgracia, la mandataria llega tarde. Debería haber visto antes que cada vez contaba con menos apoyos en el Congreso y que su popularidad se hundía en las encuestas. Es cierto que hoy más de un 60% de brasileños quiere nuevas elecciones, según varias encuestas. Pero los partidos de la oposición, que también tienen sus propios problemas, ya tienen lo que querían: una presidenta a punto de caer. En semejante situación, y ante la gravedad del frenazo económico, ambas partes, a izquierda y a derecha, deberían esforzarse por defender conjuntamente el bien del país y eso pasa, aunque no figure en la Constitución, por volver a preguntarle al pueblo.
Con información de El País
