Para nadie es un secreto que hoy, el régimen venezolano, que lo lidera Nicolás Maduro, vive una gran cantidad de sanciones en su contra, impuestas por lo Estados Unidos.
El Político
La nación caribeña se encuentra en el ojo del huracán desde el aumento de dichas sanciones, a partir de la gestióon del ex mandatario, Donald Trump.
Si bien antes, Estados Unidos mucho tiempo prefirió hacer caso omiso a lo que en Venezuela sucedía, desde el 2008 en adelante iniciaron una serie de sanciones que no han parado hasta la fecha.
Quiénes fueron los primeros
Con la crisis mundial que desató el crack inmobiliario en 2008, el control de divisas que impuso el gobierno de Chávez desde febrero de 2003 se hizo más rígido y lento. Con más pasos burocráticos, más carpetas, más etiquetas, más formalidades y colas interminables en las oficinas de Cadivi. Con la Ley Contra Ilícitos Cambiario se pretendía frenar la salida de capitales, pero las empresas de maletín dedicadas la importaciones de productos básicos crecían como hongos. Diariamente salía un carguero con 170.000 barriles de petróleo rumbo a Cuba, que entraba en el mercado spot por cuenta y ganancia de La Habana.
El PIB oficial crecía 4,8% y para “facilitar el comercio” se llevó a cabo la reconversión monetaria. Le quitaron tres ceros al bolívar y lo devaluaron debajo de la mesa, pero la inflación no se frenó ni con los motores productivos imaginarios de Maduro. En su régimen alcanzó sin esfuerzo una cifra tope en la historia de las finanzas: 1.698.488%. Más de millón y medio por ciento.
En 2008, Chávez le exigió a la Asamblea Nacional, que presidía Cilia Flores, que se le otorgaran poderes especiales otra vez mediante una Ley Habilitante. No hubo negativa y las expropiaciones llegaron a su clímax. Nacionalizó las cementeras Lafarge, de Francia, Holcim, de Suiza, y Cemex de México. Igualmente, renacionalizó la metalúrgica Sidor, que estaba en manos de un consorcio ítalo-argentino, que por primera vez daba ganancias.
La expropiación
La expropiación de fincas con la excusa de luchar contra el latifundio destruyó la industria ganadera, quebró a los productores de arroz y acabó con las haciendas de caña de azúcar y con los centrales azucareros. El sector financiero no quedó fuera de su mirilla. Después de muchas presiones y amenazas, “compró” el Banco de Venezuela, del Grupo Santander de España, metió presos a varios banqueros y corredores. En un arranque imperial expropió, antes de que se abriera al público el Centro Comercial Sambil de Candelaria. “Yo no puedo permitir ese monstruo”, dijo.
El frenesí de Chávez
En su frenesí por garantizar la “soberanía alimentaria”, Chávez nacionalizó la empresa Lácteos Los Andes y cuanta empresa relacionada con la producción y comercialización de comida se le atravesara. Con el mismo poco éxito y con inversión excedentaria estableció una fábrica de helados con la marca Copelia, en el estado Lara, que cerró porque no consiguieron un proveedor de manteca de cochino. Con los hatos ganaderos fue particularmente quisquilloso. El hato El Frío, que tenía más de 300.000 cabeza de ganado, hoy no tiene ni un becerro y la población de chigüires y caimanes casi ha desparecido. Ahí concretó su odio contra el general José Antonio Páez. Le quitó el techo al salón donde el héroe de la Independencia guindaba su hamaca y cantaba con su cuatro.
A pesar de que el escándalo de Pudreval –la compra de más de 110.000 millones de dólares en alimentos en mal estado– medró su “popularidad”, Chávez mantenía su actitud de emperador. Se sentía su goce y disfrute cuando pronunciaba la palabra “exprópiese” y soltaba una media sonrisa. Se apropió de empresas petroleras y también de campos mineros como Las Cristinas, la mayor reserva de oro de Venezuela, que le había entregado en concesión a la empresa canadiense Crystallex.
Leyes de control social y represión
Mientras, en los centros académicos y de pensamiento político alrededor del mundo se le idolatraba como un auténtico buen salvaje. Todavía hoy académicos despistados y somnolientos repiten que Chávez lideró una grande y provechosa inversión social. Se fundamentan en las cifras oficiales, ignoran que en revolución “el papel lo aguanta todo”. Esos logros solo estaban en la cabeza de los publicistas, los que más se beneficiaron de ese sofocón populista, después de los cubanos que cobraban como actores secundarios, como protagonistas y dueños del circo.
En 2008, decretó una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que fue llamada popularmente Ley Sapo. Se pretendía obligar a la ciudadanía a actuar en ámbitos similares a los de Comités de Defensa de la Revolución. Todo vecino estaba obligado a cumplir tareas de inteligencia y delación si se lo solicitaban las autoridades. Si se negaban, serían castigados con prisión.
Para garantizar el éxito de los candidatos oficialistas en las elecciones regionales de 2008, la Contraloría General de la República entregó al Poder Electoral una lista de 272 opositores que inhabilitó para ejercer cargos de elección popular. Unilateralmente, sin la parte contrafactual y sin derecho a la defensa, los señalaba como responsables de irregularidades en la administración de bienes públicos. La medida sacó del juego a Leopoldo López, Enrique Mendoza y otros líderes con buena aceptación en el electorado. Obvio, el mapa de Venezuela quedó prácticamente teñido de rojo con la ayuda del CNE y los presupuestos de todas las dependencias públicas. El chavismo se impuso en 17 estados.
Primeros sancionados individuales
Estados Unidos esperó hasta 2008 para plantarle cara a la particular manera de gobernar de Chávez. Hasta entonces se hacía el sordo a las palabrotas y el ciego ante los atropellos a los derechos humanos y al sistema democrático. Claramente, el chavismo había acabado con las instituciones y perpetrado varios golpes netos constitucionales contra el sistema político. Desapareció la separación de poderes, y la justicia estaba totalmente subordinada al Ejecutivo cuando el Departamento del Tesoro, todavía dudándolo, impuso más sanciones individuales.
La intención, simplemente, era evitar que el narcotráfico utilizara el sistema económico y financiero de Estados Unidos. No romper los vínculos y negocios con las FARC, como en 2006. Las de 2011 pretendían frenar el lavado de dinero del grupo terrorista Hezbolá. Solo las de 2015 se refieren al gran deterioro de la democracia y las recurrentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero solo sancionan a funcionarios, a individualidades. No las actividades comerciales y financieras del Estado.
Los primeros sancionados fueron Hugo Carvajal, el Pollo, que ocupó la jefatura de la Disip y de la Dirección de Inteligencia Militar; el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia, y Henry Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa, director de la Disip y gobernador de Trujillo. Los tres participaron activamente en la relación con la guerrilla y en mantener los vínculos con movimientos subversivos internacionales que Estados Unidos considera terroristas.
Fuente: EL Nacional
