La mayoría oficialista del Senado argentino aprobó la remoción de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, que investigan causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de una decisión sin precedente y de consecuencias políticas e institucionales impredecibles.
El Político
Previo al debate, Juntos por el Cambio participó de la votación de la primera orden del día, referida a la prórroga de las sesiones virtuales. Sin embargo, se retiró del encuentro inmediatamente después para no convalidar el desplazamiento de los magistrados.
Con la oposición ausente el rechazo de los pliegos que ratificaban los traslados de los magistrados fue aprobado por unanimidad de 41 votos. Al momento de la votación la vicepresidenta no se encontraba al frente de la sesión.
Además del Frente de Todos, apoyaron la moción los provinciales Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador-Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Un dato a considerar es que el trámite legislativo impulsado por el kirchnerismo se encuentra objetado ante la Corte Suprema por Bruglia y Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal porteña, quienes acudieron por la vía del per saltum con un recurso de amparo para evitar que el Senado avanzara con el rechazo de sus traslados, realizados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, según reportó lanacion
Castelli, por su parte, anunció resistirá la medida "con la Constitución en la mano" y mostró su confianza en que la Corte Suprema terminará dejando sin efecto la decisión adoptada por la mayoría oficialista de la Cámara alta y podrá permanecer en el tribunal oral en el que se decidirá la causa de los cuadernos de las coimas. "Lo que dijo este juez gravísimo, desconoce las atribuciones constitucionales del Congreso", le contestó el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa).
La decisión del Frente de Todos también mereció el rechazo de la oposición, que abandonó la sesión remota de la Cámara alta con fuertes críticas a Cristina Kirchner, acusándola de utilizar el Senado, que preside en su condición de vicepresidenta de la Nación, con el objetivo de escapar a la acción de la Justicia.
"Esto jueces les molestan porque están sentados sobre causas de corrupción kirchnerista. El siguiente paso es declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucren al kirchnerismo", denunció la vicepresidenta de la Cámara alta, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba).
El desplazamiento de estos magistrados, en particular los de Bruglia y Bertuzzi, no solo beneficiaría a la vicepresidenta y los funcionarios de sus gobiernos acusados por corrupción. Procesados en otras causas siguieron con atención el debate del Senado, atentos a la posibilidad de presentar recursos de nulidad ante la Cámara Federal.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), justificó la remoción de los jueces en el hecho de que sus traslados a los tribunales que ocupan actualmente se hizo a contramano del requisito constitucional, que establece que el nombramiento de los magistrados deben obtener acuerdo del Senado.
En ese sentido, agregó que aceptar sus traslados por decreto del Poder Ejecutivo implicaría "aceptar dos sistemas de selección de jueces. "Uno, el de la Constitución; y otro, el de los traslados, una selección de jueces a la carta según la conveniencia del Poder Ejecutivo de turno", agregó.
Pero Fernández Sagasti también explicó el rechazo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la negativa de los magistrados en participar en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en la que se debatieron sus pliegos.
"Se pusieron en una situación de rebeldía a la Constitución Nacional", afirmó la legisladora oficialista, quien aseguró que el Senado no podía darles su acuerdo a estos jueces porque habían "incurrido en conducta contumaz".
En igual sintonía se manifestó Weretilneck que, además, cuestionó a los jueces porque "eligieron para permanecer en sus cargo la vía judicial".
Antes de retirarse del recinto con el resto del interbloque de Juntos por el cambio, la macrista Rodríguez Machado había defendido la legalidad de los traslados decididos en la administración anterior.
"Esto jueces les molestan porque están sentados sobre causas de corrupción kirchnerista. El siguiente paso es declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucren al kirchnerismo", denunció la vicepresidenta de la Cámara alta, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba).
El desplazamiento de estos magistrados, en particular los de Bruglia y Bertuzzi, no solo beneficiaría a la vicepresidenta y los funcionarios de sus gobiernos acusados por corrupción. Procesados en otras causas siguieron con atención el debate del Senado, atentos a la posibilidad de presentar recursos de nulidad ante la Cámara Federal.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), justificó la remoción de los jueces en el hecho de que sus traslados a los tribunales que ocupan actualmente se hizo a contramano del requisito constitucional, que establece que el nombramiento de los magistrados deben obtener acuerdo del Senado.
En ese sentido, agregó que aceptar sus traslados por decreto del Poder Ejecutivo implicaría "aceptar dos sistemas de selección de jueces. "Uno, el de la Constitución; y otro, el de los traslados, una selección de jueces a la carta según la conveniencia del Poder Ejecutivo de turno", agregó.
Pero Fernández Sagasti también explicó el rechazo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la negativa de los magistrados en participar en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en la que se debatieron sus pliegos.
"Se pusieron en una situación de rebeldía a la Constitución Nacional", afirmó la legisladora oficialista, quien aseguró que el Senado no podía darles su acuerdo a estos jueces porque habían "incurrido en conducta contumaz".
En igual sintonía se manifestó Weretilneck que, además, cuestionó a los jueces porque "eligieron para permanecer en sus cargo la vía judicial".
Antes de retirarse del recinto con el resto del interbloque de Juntos por el cambio, la macrista Rodríguez Machado había defendido la legalidad de los traslados decididos en la administración anterior.
