El 29 de agosto de 2022, cuando Armando Benedetti presentó oficialmente sus cartas credenciales como embajador de Colombia ante el presidente Nicolás Maduro en Caracas, marcó el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que habían estado rotas desde 2019.
Sin embargo, la normalización en las relaciones ha sido un camino lento. En especial, porque Caracas ve aún con recelo a su vecino, a pesar de la llegada de Gustavo Petro al poder.
Con Benedetti en Caracas, todo parecía indicar que los lazos iban encaminados, pero él mismo reconoció -tras sus intensos recorridos por varios ministerios y poderes públicos- que el hermetismo del chavismo en ciertos temas no permitían consolidar del todo la confianza.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto:Prensa Presidencial
Su intempestiva salida tras la difusión de audios comprometedores en los que Benedetti hacía amenazas vinculadas con posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro forzó a que, para finales de julio de 2023, el presidente colombiano presentara públicamente a Milton Rengifo como su reemplazo para preservar la credibilidad del Gobierno y continuar el proceso de normalización diplomática con Venezuela.
Desde entonces, Rengifo, más que presionar ante el Ejecutivo, se ha enfocado en conectar con las comunidades populares en Venezuela haciendo donativos de libros en las universidades y “construyendo una agenda de paz”, como se le ha escuchado decir, pues, aunque no lo exprese, no le ha tocado nada fácil.
En especial, porque al embajador colombiano le tocó sortear el escenario postelectoral tras los comicios presidenciales del 2024 en los que, sin pruebas, Nicolás Maduro se reeligió para un tercer mandato consecutivo.
Para Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es importante entender que la relación entre ambos países es compleja, pero que se han logrado canales de comunicación “gracias a que el embajador Rengifo es una persona muy cercana al presidente Petro”.
No obstante, Rodríguez insiste en que esa particularidad permitía a Colombia no solo permanecer en suelo venezolano sino asumir responsabilidades que incluían proteger a sus ciudadanos en ese país y a terceros “debido a las dinámicas de represión” porque “la lógica de diálogo debe tener un objetivo y no ser simplemente una dinámica en la cual el régimen encontrara una caja de resonancia ante sus afirmaciones en el Estado colombiano”.
Luego del 28 de julio, el gobierno Petro cambió de rumbo y exigió públicamente transparencia sin reconocer automáticamente a Maduro como el legítimo presidente, exigiendo que cualquier reconocimiento requiere del conteo auditable de votos al cuestionar la legitimidad del proceso.
Y, a pesar de que ambos países han mantenido un enfoque pragmático y funcional al conservar canales diplomáticos y comerciales, incluso con el reciente anuncio del proyecto de la zona económica binacional, lo cierto es que, al mismo tiempo, persisten tensiones serias.
Desde la perspectiva del viceministro de Asuntos Multilaterales colombiano, Mauricio Jaramillo, la postura del Gobierno con respecto a Caracas “no es ambigua” y lo que ha hecho Colombia es “mantener la idea de que no se puede reconocer el resultado electoral sin pruebas”, le dijo a este diario.
Jaramillo también resalta lo que considera un “principio de realismo” que es pensar en la frontera, los migrantes y en el bienestar económico. “Creo que a veces es fácil juzgar desde Bogotá lo que se hace con Venezuela, pero no se entiende que el impacto que eso tiene en la población de frontera es muy grande”.
A los temas de seguridad, especialmente por la violencia del Eln y las disidencias de las Farc, y medidas unilaterales como la suspensión de vuelos, se suman las denuncias de colombianos detenidos en Caracas tras ser acusados de terroristas y mercenarios y que hoy ascienden a 37 presos en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I.
Familiares aseguran que algunos van a cumplir un año detenidos sin haber recibido ni una sola vez asistencia consular debido a que Venezuela se ha negado a dar acceso.
Cancillería se reunió con familiares de colombianos detenidos en Venezuela. Foto:Cancillería
A la crítica situación de los presos colombianos también hay que agregarle que, desde hace siete meses, la residencia de la Embajada de Colombia en Caracas le concedió refugio a la abogada constitucionalista y disidente del chavismo María Alejandra Díaz lo que, como era de esperarse, ha generado malestar dentro del chavismo.
Todo esto en medio de un panorama de hermetismo cuando, al ser consultados, los funcionarios colombianos no se quejan ni emiten opiniones dado que su prioridad es mantener los lazos diplomáticos.
EL TIEMPO pudo constatar que Bogotá ha enviado cartas a Caracas solicitando información por los ciudadanos detenidos, así como también ha mediado para conseguir un salvoconducto para la abogada Díaz, pero, de momento, el chavismo le negó ambas cosas.
Hace unos meses, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, emitió una comunicación sobre Díaz.
María Alejandra Díaz, abogada del chavismo disidente Foto:Redes sociales
“Su situación parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos, presentan acciones de nulidad contra normativas contrarias a los derechos humanos y entablan demandas contra funcionarios que podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión”, se lee en el informe.
¿Quién es María Alejandra Díaz, la disidente del chavismo refugiada en la embajada de Colombia en Caracas?
Los orígenes políticos de Díaz se remontan a las filas del chavismo con trayectoria en cargos públicos como vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente de 2017, y colaboradora de medios estatales como VTV.
En 2024, Díaz se distanció públicamente del régimen de Maduro y presentó un recurso judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), exigiendo la publicación de los resultados electorales.
El TSJ consideró su petición una “temeridad”, declaró el recurso inadmisible, la multó y le suspendió temporalmente el ejercicio profesional. Desde entonces, afirmó haber sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de organismos del Estado venezolano.
La organización de derechos humanos Provea respaldó su caso, calificándola como una víctima más de la represión política y para enero de este año, la abogada ingresó voluntariamente a la Embajada de Colombia en Caracas, solicitando protección diplomática.
Desde entonces, permanece en la residencia colombiana, constantemente vigilada por los organismos de inteligencia del Estado, a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.
Familiares de colombianos presos en Venezuela protestan en Bogotá. Foto:Cortesía familiares
Además, los organismos venezolanos le impusieron a Díaz la suspensión profesional como represalia por acompañar el amparo electoral y, según denuncia, en enero, su exesposo, junto a sus sobrinas y hermana, fueron detenidos y obligados a ir a buscarla para que las autoridades pudieran detenerla.
La acusaban entonces de “terrorismo e incitación al odio” y la involucraban con Enrique Márquez -excandidato presidencial preso desde el 8 de enero- “con quien jamás” había cruzado correo electrónico, según dijo la abogada.
Rodeo I, cárcel en Venezuela Foto:Cortesía : OVP
Para Rodríguez, del Observatorio de la Universidad del Rosario, Colombia siempre ha mantenido una tradición de brindar asistencia en el asilo y ha jugado un papel fundamental con actores políticos venezolanos, como el caso de Pedro Carmona Estanga, quien asumió la presidencia al derrocar a Hugo Chávez en 2002 en el golpe de Estado fallido.
Y mientras que la activista se mantiene como un punto de discordia bilateral, los colombianos detenidos claman por asistencia consular al tiempo que denuncian estar en condiciones complejas cuando las autoridades prometieron dar acceso a varios kits de higiene, pero no sucedió.
Se sabe que algunos han podido conversar solo dos veces con sus familiares, a través de una llamada telefónica. También se conoce de las gestiones que la embajada ha emprendido en Caracas, que incluyen reuniones en el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a una solución efectiva.
Ya es sabido que el Gobierno venezolano utiliza prisioneros extranjeros para presionar a esos países. Como en el caso de Estados Unidos, con quien intercambió recientemente a 10 estadounidenses por 252 venezolanos presos en El Salvador, más el regreso de las operaciones de la licencia petrolera Chevron.
Aún no está muy claro cuál sería la presión para Colombia, si el tema de la Zona Económica Binacional, el reconocimiento de Maduro como autoridad, el comercio de gas desde Venezuela o qué otro objetivo.
Familiares piden la liberación de colombianos presos en Venezuela. Foto:Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO
Lo que, si es cierto, es que la presencia diplomática colombiana en Caracas se tiene que traducir “en acciones concretas en la defensa de los derechos de los ciudadanos colombianos, de los ciudadanos internacionales que soliciten ayuda del Estado colombiano e incluso en función de los mismos ciudadanos venezolanos”, insistió Rodríguez.
Los familiares, en conversación con este diario, esperan que sus hijos puedan regresar a Colombia, y que cualquier inconveniente entre Caracas y Bogotá no sea un impedimento para ello.
