Dos buques de transporte y asalto anfibio, un destructor, un submarino nuclear y decenas de aviones y helicópteros armados de misiles, que constituyen hasta ahora la fuerza aeronaval desplegada por Estados Unidos en aguas del Caribe frente al litoral venezolano, son apenas un brazo de la tenaza con que Washington pretenden cercar, debilitar y hacer caer al dictador Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro asegura que no es el líder del cartel de los Soles. Foto:AFP
El otro brazo ha sido desplegado en los tribunales de Nueva York y Florida, donde los fiscales han radicado acusaciones contra Maduro; su número dos, Diosdado Cabello, y un puñado de altos exfuncionarios chavistas. Grandes capos del cartel de Sinaloa y jefes de las antiguas Farc, como alias Iván Márquez, aparecen en la lista de señalados.
En el marco de la misma estrategia, por información que conduzca a la detención de Maduro, la Fiscalía de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares; por Cabello, la oferta asciende a 25 millones de dólares. Así mismo, a mediados de mes la fiscal general, Pam Bondi, anunció la incautación de 700 millones de dólares en activos de una red de sociedades vinculada a Maduro, entre ellos una mansión en Florida y otra en República Dominicana, dos jets ejecutivos, una granja de caballos y una fortuna en joyas.
La idea es estimular una rebelión interna, una traición de un grupo de oficiales que se decida a entregarlo a cambio de la recompensa" Fuente Judicial Internacional en París
La combinación de la operación aeronaval en el Caribe, con una ofensiva judicial estadounidense no vista en décadas contra un gobernante extranjero, ha llevado a medios de comunicación y analistas a sugerir que podrían ser los pasos previos a una intervención militar como la ordenada en 1989, por el presidente George Bush padre, en Panamá, para capturar y derrocar al dictador de ese país, el general Manuel Antonio Noriega, a quien también perseguían los fiscales de Estados Unidos.
Una vez en ese país, Noriega fue acusado de ser un aliado fundamental del cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar. Fue condenado a 40 años de prisión, pero luego la condena fue rebajada a 30 años y más tarde a 20, por supuesta buena conducta, aunque abundaron las especulaciones sobre lo que había pesado en esas rebajas su colaboración para delatar a varios capos del narcotráfico, y a sus socios políticos.
“Se equivocan quienes creen que Washington prepara una invasión a Venezuela”, le explicó este lunes a EL TIEMPO una fuente judicial internacional en París, bien informada de los casos contra Maduro y sus aliados. “Es más bien una operación de desgaste, que incluye un intento de bloqueo aeronaval contra los envíos de cocaína desde Venezuela”.
Buque de asalto USS Iwo Jima desplegado en el mar Caribe. Foto:Commander Naval Surface Force Atlantic
“La idea –agregó la fuente– es estimular una rebelión interna, una traición de un grupo de oficiales que se decida a entregarlo a cambio de la recompensa”, agregó la fuente. “Si estalla un alzamiento contra Maduro –advirtió–, no hay que descartar una operación de comando, lanzada desde la fuerza aeronaval, en apoyo de los rebeldes y para capturar a Maduro”.
Las acusaciones de EE. UU. contra Maduro, Cabello y sus socios
Pero el éxito de semejante operación depende de la solidez de las causas judiciales contra Maduro, Cabello y sus socios, en los tribunales estadounidenses. Más allá de la decisión política de procesarlos, la Fiscal Bondi y su equipo saben que deben convencer a los jueces y a los jurados de conciencia que tienen la última palabra, y que para ello hacen falta pruebas concluyentes.
Como relataba este lunes el diario ABC de Madrid, los procesos arrancaron en 2020, bajo la administración de Joe Biden, pero fueron congelados tras una negociación entre Washington y Caracas, que incluyó el canje del principal testaferro de Maduro, Álex Saab, por tres estadounidenses presos en Venezuela, así como el compromiso de Caracas de convocar las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según las actas de votación, ganó el opositor Edmundo González Urrutia, pero el régimen proclamó vencedor a Maduro, lo que Washington consideró una traición a lo acordado.
Según David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, esos procesos “han sido retomados por la Fiscalía (de Pam Bondi) y, en esa reapertura, se detalla cómo Maduro dirigió una organización que los fiscales equiparan a una empresa criminal: un sistema en el que altos funcionarios, compañías estatales y estructuras militares operaron de forma coordinada para traficar drogas, lavar dinero y ejercer el poder mediante la violencia y la corrupción”.
Las acusaciones originales que Bondi acaba de reactivar se concentran en su mayoría en un tribunal del distrito sur de Nueva York. Apuntan a Maduro y Cabello, al exministro chavista (hoy caído en desgracia) Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, a los exfuncionarios del régimen presos en Estados Unidos, Hugo Carvajal Barrios –conocido como el ‘Pollo’– y Clíver Alcalá, así como a los exlíderes de las Farc alias Iván Márquez y el fallecido alias Jesús Santrich.
Los señalamientos cubren 23 años de actividades delictivas de estos personajes, según revelaciones de Maibort Petit, periodista investigativa venezolana, divulgadas la semana pasada en el portal Venezuela Política. Los expedientes narran que, en 2003 y a instancias del gobierno de Hugo Chávez que lo dotó para ello de 300.000 dólares, ‘Santrich’ estableció en el estado de Apure un campamento de las Farc donde montó un laboratorio para procesar cocaína. En 2005, Chávez y Maduro –entonces presidente de la Asamblea Nacional– removieron de sus cargos a jueces y militares que perseguían a las Farc por terrorismo y narcotráfico.
“Maduro dirigió una organización que los fiscales equiparan a una empresa criminal: un sistema en el que altos funcionarios, compañías estatales y estructuras militares operaron de forma coordinada para traficar drogas, lavar dinero y ejercer el poder mediante la violencia y la corrupción” David AlandeteCorresponsal del diario ABC de Madrid
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Foto:Getty Images via AFP
En 2006, las Farc le entregaron a Chávez 5 millones de dólares como participación en las ganancias del negocio de cocaína y, a partir de entonces, un entramado de empresas, incluidas filiales de la petrolera Pdvsa, fueron puestas al servicio de las Farc para lavar los dólares producto sus exportaciones de cocaína.
Generales cercanos a Chávez –con soles dorados como insignia en los hombros del uniforme– aseguraron el apoyo al narcotráfico de las Farc. Ahí nace el apelativo de ‘cartel de los Soles’. Para finales de la primera década del siglo, la cooperación entre las Farc y el régimen chavista era estrecha, los laboratorios de cocaína en territorio venezolano se habían multiplicado y el grupo guerrillero le entregaba parte de su producción de droga a dicho cartel, a cambio de dinero y armamento.
En 2013, tras la caída de un cargamento de 1,3 toneladas en el aeropuerto Charles de Gaule, de París, en un vuelo comercial procedente de Maiquetía, el terminal que sirve a Caracas, Maduro –como presidente– asumió el control por encima de Cabello y del ‘Pollo’ Carvajal. A partir de entonces, acordó con ‘Iván Márquez’ la coordinación de todas las actividades. “En ese momento era ya el jefe del cartel de los Soles”, le dijo a EL TIEMPO la fuente judicial en París.
El cartel de los Soles extendió sus negocios en la frontera con Colombia
El estrecho vínculo de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ con estas actividades hizo que los acuerdos de paz, firmados en 2016 por las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos, se convirtieran en un problema para ellos. Su pretensión de seguir en el negocio, que llevó a la detención de ‘Santrich’ en 2019 al intentar vender un cargamento a personas que en realidad trabajaban para la DEA, condujo a que tanto él como ‘Márquez’ abandonaran los acuerdos.
Muy pronto, el cartel de los Soles extendió sus negocios en la frontera con Colombia a otros grupos, como el Eln, lo que desde entonces genera roces entre las distintas bandas criminales, que han llevado a guerras como la que ensangrentó al Catatumbo hace unos meses. Pero además, según los fiscales estadounidenses, Maduro y sus socios quisieron asumir un mayor control del negocio y para ello usaron a la banda ‘Tren de Aragua’, cuyo tamaño e influencia extendieron hacia Colombia, Ecuador, Chile e incluso Estados Unidos.
Caracas niega con vehemencia que el cartel de los Soles exista. “Es un invento, no sé cuántos años hace que ellos (Estados Unidos) inventaron eso…”, dijo Cabello el 7 de agosto, tras declarar Washington como organizaciones terroristas a ese grupo y al ‘Tren de Aragua’. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro se alineó con Cabello y en un mensaje en la red X dijo que “quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el cartel de los Soles…”. Apuntó luego a lo que él ha bautizado como “la junta del Narcotráfico”.
Hernández Solarte, alias Santrich, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC-EP. Foto:César Melgarejo/ CEET
Pero los fiscales estadounidenses están convencidos de lo que dicen. Basan sus informes en años de inteligencia judicial y en los testimonios de colaboradores tan importantes como el ‘Pollo’ Carvajal y Clíver Alcalá, condenados convertidos en delatores. Otros capos importantes como Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, e Ismael el ‘Mayo’ Zambada –quien este lunes se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York–, ambos del cartel de Sinaloa, pueden haber aportado información sobre Maduro y el cartel de los Soles. Algo similar tal vez ocurra con el capo ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, extraditado a Estados Unidos en julio.
Otra acusación contra Maduro y sus socios fue presentada la semana pasada ante una corte del sur de Florida. Está relacionada con la detención –que la acusación llama “secuestro terrorista”– de tres estadounidenses por el régimen de Caracas, en 2017, que luego fueron usados como moneda de intercambio para traer de regreso a Venezuela al testaferro de Maduro, Álex Saab. Ellos y sus familias impulsan la acusación. Este caso confirma el deseo de Washington de profundizar en la batalla judicial contra Maduro y Cabello.
Aún es incierto si la tenaza –con su brazo jurídico y su brazo militar aeronaval– conseguirá cerrarse sobre el régimen de Caracas hasta hacerlo caer. Pero la apuesta está clara: la enunció el 15 de agosto, en Cartagena, el senador estadounidense Bernie Moreno, un trumpista de origen colombiano: “Maduro no seguirá en el poder después de diciembre”.
