Un influyente cardenal italiano es una de las 10 personas a las que el Vaticano envió a juicio este sábado por delitos financieros. Las acusaciones incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
El Político
El 27 de julio serán juzgados el cardenal Angelo Becciu, un ex alto funcionario de la administración del Vaticano, así como dos altos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera del Vaticano. Se trata de un escándalo multimillonario que involucra la compra por parte del Vaticano de un edificio en un sector exclusivo de Londres, reseña Infobae basado en información de las agencias Reuters y EFE.
El juicio generará mucho interés mediático en la ciudad de Vaticano y parece subrayar la determinación del Papa Francisco de sanar las finanzas de la Santa Sede.
Becciu, de 73 años, a quien el Papa destituyó el año pasado por presunto nepotismo, se convierte en el funcionario del Vaticano de mayor rango acusado de delitos financieros. Sin embargo, este exfuncionario siempre ha mantenido su inocencia.
Acusación contra Becciu
El Papa dio personalmente la aprobación requerida la semana pasada para que Becciu sea procesado, según una solicitud de acusación de 487 páginas vista por Reuters. El Vaticano anunció los cargos en un comunicado de dos páginas.
Los cargos contra Becciu incluyen malversación de fondos y abuso de poder. Una italiana que trabajaba para él fue acusada de malversación y el exsecretario personal del cardenal, el sacerdote Mauro Carlino, fue denunciado por extorsión.
En un comunicado difundido el sábado por su entorno, el purpurado se dijo “víctima de un complot” y clamó su “inocencia absoluta”. Además, dijo tener prisa por explicarse tras denunciar que lo pusieron en la “picota mediática”.
El abogado de Carlino, en tanto, dijo que su cliente es inocente, que “actuó bajo órdenes”. Agregó que le había ahorrado al Vaticano millones de euros. Sostuvo además que comenzar un juicio tan pronto no le da a los abogados defensores el tiempo suficiente para prepararse.
El influyente cardenal era el número dos de la Secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, cuando el procedimiento de compra del edificio londinense comenzó en 2014.
Otros acusados por el Vaticano
Entre los otros acusados, el suizo René Brülhart, expresidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.
También será juzgado el monseñor Enrico Crasso, antiguo gestor del patrimonio reservado de la Secretaría de Estado; un maná de varios cientos de millones de euros procedente en gran parte de las donaciones de los particulares al Vaticano.
De boca de sus abogados, Brülhart y Carlino defendieron el sábado que siempre fueron “leales” y trabajaron “en interés de la Santa Sede”.
Las otras personas que serán juzgadas son Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF; Cecilia Marogna, llamada “La dama del cardenal”, una joven consultora italiana a la que la Secretaría de Estado habría depositado medio millón de euros en una cuenta en Eslovenia; el inversor Raffaele Mincione; el abogado Nicola Squillace; Fabrizio Tirabassi, un antiguo alto funcionario laico del Vaticano; y Gianluigi Torzi, un empresario arrestado en mayo en Londres.
La inversión producto del escándalo es un edificio en el elegante sector londinense de Chelsea, 17.000 m2 transformados en unos cincuenta apartamentos de lujo. La primera participación en el proyecto tuvo lugar en 2014 a través de un fondo luxemburgués gestionado por el holding de Mincione. La opaca gestión financiera, a través de Suiza y Luxemburgo, incitó al Vaticano cuatro años más tarde a ponerle fin comprando todo el edificio londinense. El precio estaba por encima de su valor real.
Con otras inversiones arriesgadas, el perjuicio para el Vaticano ascendería a varios cientos de millones de euros, según la prensa italiana.
